VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha acordado remitir a la Fiscalía un nuevo caso de posibles empadronamientos fraudulentos detectados en un domicilio de la ciudad, tras la denuncia presentada por el propietario del inmueble.
Según consta en la resolución firmada el 12 de febrero de 2026 por el concejal delegado de Transparencia y el secretario general municipal, los hechos se originaron el pasado 14 de enero, cuando el dueño de una vivienda compareció en las oficinas del Servicio de Registro y Población -la oficina del padrón- al recibir una notificación municipal relacionada con el certificado de empadronamiento de una persona que, según aseguró, no reside en su propiedad ni mantiene relación contractual alguna con él.
Contratos con firmas diferentes
Al revisar la documentación del padrón municipal, los técnicos comprobaron que la persona empadronada había aportado un contrato de arrendamiento supuestamente firmado por el propietario. Sin embargo, el denunciante negó haber suscrito dicho documento.
Las averiguaciones posteriores revelaron además la existencia de otros dos empadronamientos anteriores en el mismo domicilio, registrados entre octubre de 2024 y octubre de 2025. En esos casos también se aportaron contratos con un formato idéntico al denunciado, aunque con firmas distintas atribuidas al propietario, lo que apunta a una posible manipulación documental.
Ante estos indicios, el consistorio ha decidido agrupar todas las actuaciones en un único expediente y trasladarlo al Ministerio Fiscal para que, si lo considera oportuno, practique las diligencias de investigación necesarias para determinar si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.
Otros cinco casos
Este nuevo caso se produce meses después de que el Ayuntamiento ya trasladara al Ministerio Fiscal otros expedientes relacionados con empadronamientos presuntamente falsificados. En septiembre de 2025, el Ayuntamiento llevó a Fiscalía cinco casos detectados entre julio y agosto, cuando personas que solicitaban certificados de empadronamiento presentaron documentos previos que, tras cotejarse con la base de datos municipal y analizarse por el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación (SerTIC), se concluyó que eran falsos o manipulados.
