VALÈNCIA. El problema del acceso a la vivienda sigue agravándose en València. El encarecimiento continuado de los alquileres y las crecientes dificultades para acceder a un piso han provocado un verdadero terremoto social que sufre gran parte de la población, especialmente los jóvenes. De hecho, según algunas estimaciones, un joven de 30 años residente en el 'Cap i Casal' con un sueldo medio de 23.000 euros brutos anuales debe destinar su salario íntegro durante 10 años para poder comprar un piso de 60 metros cuadrados. Un drama que ha llevado a las administraciones a mover ficha y buscar soluciones para aliviar la presión sobre el mercado residencial.

Y, de momento, buena parte de esas medidas pasan por aumentar la oferta de vivienda disponible. En este contexto, el Ayuntamiento de València activaba al inicio de legislatura un plan para movilizar suelo público y construir cerca de 1.000 nuevos inmuebles. Bautizado como 'Plan + Vivienda', este programa ha ido avanzando, con la entrega de los primeros inmuebles para este verano, y contará con una segunda fase, en la que ya trabaja el consistorio. "El plan está todo en marcha y estamos planteando el segundo 'Plan + Vivienda'", avanzó el concejal de Urbanismo, Juan Giner, en una intervención en la jornada del X Congreso AIRE 2026, que se celebra en la Universitat Politècnica de València, en la que defendió la necesidad de analizar el problema de la vivienda desde una mirada metropolitana.

El objetivo de esta nueva entrega será el mismo: movilizar solares públicos vacíos y promover la construcción de otras 1.000 viviendas para ampliar el parque residencial asequible de la ciudad para, a su vez, dar salida a parcelas municipales que llevan años sin ejecutarse. De nuevo, la intención será hacerlo a través de la colaboración público-privada. 

Asimismo, esta segunda fase pivotará sobre diferentes ejes como son las permutas de suelo por obra; la compra directa de inmuebles a través de mecanismos como el tanteo y retracto; la construcción directa por parte del Ayuntamiento y la empresa pública Aumsa; y la cesión de parcelas a la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), dependiente de la Conselleria de Vivienda.

Por el momento, la nueva bolsa de suelo público está en fase de definición, pero desde el consistorio ya se han producido algunos movimientos que permiten intuir qué nuevos terrinos podrían activarse. Así, por ejemplo, hace unos meses se incorporaron 9.000 metros cuadrados de suelo en el barrio de Patraix para la construcción de 644 viviendas de protección pública (VPP).

Se trata de nueve parcelas que suman una edificabilidad de aproximadamente 64.000 metros cuadrados, distribuidos en edificios de entre ocho y nueve plantas. El Ayuntamiento ha integrado estas pastillas en virtud de un acuerdo transaccional negociado con la administración concursal de Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar (AUVM), promotora vinculada al empresario y presunto cabecilla de la trama Azud, Jaime Febrer. La mercantil entró en concurso de acreedores en 2015. Cabe recordar que Aumsa cedió en su momento el derecho de superficie sobre estas parcelas a AUVM para el desarrollo de vivienda protegida, aunque los proyectos no llegaron a ejecutarse y los contratos fueron rescindidos en 2016 por incumplimiento.

Según detalló hace unos meses la corporación municipal, la previsión es iniciar los trámites para la redacción de los proyectos de ejecución y la posterior licitación de las obras para dar salida a nuevo producto al mercado. Serán, principalmente, pisos de uno y dos dormitorios, con superficies de entre 35 y 70 metros cuadrados, orientados a jóvenes, familias pequeñas y personas mayores con necesidad de acceso a vivienda asequible.

Por otro lado, como publicó este diario, la empresa municipal Aumsa, dependiente del Ayuntamiento, trabaja también en el desbloqueo de otro desarrollo urbanístico histórico en la ciudad como es el PAI Piscinas o PAI Eugenia Viñes, en el barrio del Cabanyal-Canyamelar.Un sector ubicado en segunda línea de playa, frente al Hotel Las Arenas y los Docks.

De hecho, en los presupuestos de 2026, Aumsa consignó 200.000 euros para el impulso del proyecto y actualmente redacta los pliegos para licitar el equipo técnico encargado de la reparcelación. Este documento será el que determine la distribución de parcelas, derechos de propietarios y suelos públicos, paso previo a la urbanización. El objetivo es reactivar uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes de la ciudad, cuyo origen se remonta a 2005 y que ha permanecido paralizado durante más de una década por la falta de financiación, los cambios de ciclo político y las dificultades de gestión, con impacto en la degradación del entorno.

El planteamiento contempla una previsión inicial de en torno a 275 viviendas, además de la apertura de ejes verdes y la mejora de la conexión entre el barrio y la playa, junto con la incorporación de usos terciarios y hoteleros.

Plan + Vivienda

Según datos municipales, hasta el momento, el Ayuntamiento ha impulsado la construcción directa de vivienda nueva de protección pública (427) destinada a alquiler asequible, bien sea a través del servicio de Vivienda de la Delegación de Urbanismo y Vivienda (69) bien a través de la sociedad AUMSA (307) o Plan Cabanyal (51).

Por su parte, Aumsa está construyendo las 307 viviendas en distintas fases. Además, a través de la permuta de suelo, se han adquirido las 39 viviendas del edificio de Patraix y 86 nuevas viviendas de VPP en Quatre Carreres, que ya están en construcción y que finalizarán en el segundo trimestre de 2026, a la vez permitirá la construcción de más de 400 nuevas viviendas de Protección Pública de promoción privada para su venta.

Con todo, y a falta de concretarse esta segunda fase, la aspiración es agilizar la salida de nuevo producto residencial al mercado valenciano en un contexto de máxima presión y emergencia habitacional, marcado por el fuerte desajuste entre oferta y demanda en el mercado de la vivienda en la ciudad.