VALÈNCIA. El mercado del alquiler en València ha cambiado de manera radical en los últimos años. Según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), todos los barrios de la ciudad superan ya los 1.000 euros de media al mes, alcanzando un precio medio cercano a los 1.900 euros. Esta escalada que ha puesto en jaque el acceso a la vivienda -situándolo como el primer problema para los valencianos según el CIS o el infobarómetro municipal- golpea especialmente a los jóvenes. Una generación atrapada por el problema de la vivienda que según sus propias palabras les impide “tener un proyecto vital”.

La presidenta de la patronal inmobiliaria ASICVAL, Nora García, explicaba hace unas semanas que si antes eran los jóvenes de entre 18 y 25 años buscaban pisos compartidos por la experiencia universitaria, ahora son personas trabajadoras de más de 35 años quienes alquilan habitaciones porque no pueden afrontar un piso completo. Para los estudiantes, la consecuencia es que muchos se ven obligados a volver a casa de sus familias.

Una generación que vive de mudanza

Cuando Anabel S., de 27 años, se independizó por primera vez, lo hizo compartiendo piso con amigos. Recuerda que en sus primeros años pagaba 250 euros por una habitación en Ruzafa. Hoy, dice, “lo más barato son 400 euros”. Desde entonces, ha pasado por hasta nueve mudanzas en cinco años. “He tenido caseros que intentaron estafarnos, pisos turísticos que alquilaban la vivienda ilegalmente y nos echaban cuando llegaban turistas. Incluso una vez, el mismo día de firmar, nos dijeron que no porque una pareja extranjera ofrecía más dinero”.

Unas experiencias que reflejan la precariedad a la que se ven abocados muchos jóvenes como ella. “Si con 450 euros consigues tener una ventana en tu dormitorio para que te entre algo de luz, ya puedes considerarte afortunada”. En su último piso, en la Plaza de la Virgen, pagaba 550 euros por una habitación en un alquiler sin contrato, un precio “amigo”. “A eso le sumas tener que vivir con cuatro o cinco personas más”, aclara. Su historia refleja una realidad extendida: la inestabilidad y la inseguridad son parte del día a día de una generación que no puede echar raíces.

“La vivienda te expulsa de oportunidades laborales”

Manuel Veloso, de 28 años, trabaja y estudia a la vez, pero aún así, reconoce que si no fuese porque goza de una beca con alojamiento y comida en el colegio Mayor Rector Peset, “no podría vivir en la ciudad”. Veloso señala que según sus cálculos “necesitaría 2.000 euros al mes para estar totalmente independizado. Hemos llegado al punto en que no compartes piso con una persona, sino con cuatro o cinco. Además, encontrar piso te puede llevar meses”. A parte de los desorbitados precios, este joven apunta a otro problema, y es que “el trabajo se concentra en València, y la situación de la vivienda te expulsa muchas veces de las oportunidades laborales”. Veloso recuerda que se independizó en 2016, pagando 500 euros por un piso en Bétera. En 2019, en València, ya eran 1.000 euros, y tras la pandemia, “la situación reventó”.

Noelia Rojas, presidenta del Consell Valencià de la Joventut, subraya que la problemática va más allá de lo económico. “La salud mental de la juventud se deteriora por la imposibilidad de tener un proyecto de vida”, alerta. Rojas considera que “la situación es insostenible”. “Si eres joven, tienes que destinar entre el 70 % y el 80 % del sueldo al alquiler. En algunos casos, el 100 %. Así es imposible dar el paso de independizarse”, sostiene. En barrios como Russafa o Benimaclet, “una habitación ronda los 400 euros, y los pisos enteros son directamente un lujo”, relata.

Piden a las administraciones "escuchar a los jóvenes"

Los jóvenes no solo relatan las dificultades que enfrentan para acceder a una vivienda, sino que también plantean demandas concretas a las administraciones para atajar el problema. “Hace falta escuchar a la población joven si de verdad quieren ayudarnos; hacerlo de forma conjunta es la mejor manera de acercarse al objetivo”*, defiende la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, que pide además “declarar València zona tensionada” y “poner un freno a la vivienda turística” para evitar que la oferta residencial siga reduciéndose.

En la misma línea, Manuel Veloso considera prioritario “topar los precios de alguna manera”, limitar la compra de viviendas a extranjeros “si la utilizan para especular” y “ponerse las pilas con el parque público”. Todo ello, defiende, debe ir acompañado de una actualización real de los salarios: “Tienen que aumentar mucho los sueldos, si no se actúa de raíz el problema seguirá igual”, advierte. Ambos coinciden en que las ayudas actuales resultan insuficientes, porque “el precio sube tan rápido que, cuando llega la ayuda, ya no es efectiva”. Reclaman también una mayor coordinación institucional y participación ciudadana, ya que “cuando trabajamos de forma conjunta y el Ayuntamiento escucha, las cosas salen mucho mejor”. En definitiva, piden una estrategia transversal de todas las administraciones públicas, porque, como resume Noelia, “la vivienda es un derecho, y no podemos continuar así”.

La oferta de habitaciones se multiplica

El relato de los jóvenes se complementa con la visión de quienes operan en el mercado. Alberto Añaños, CEO de la plataforma de alquiler de habitaciones Live4Life, apunta que después de años de subidas continuas, el mercado muestra signos de equilibrio. “Llevamos dos meses de bajada”. El empresario explica además que la oferta se ha multiplicado en pocos años: “Hoy hay más de 2.400 habitaciones disponibles, cuando hace dos años no llegaban a 600”. Y considera que la mejor forma de abaratar los precios es aumentar la oferta, incentivando que los propietarios saquen sus viviendas al mercado.

Añaños se muestra muy crítico con la Ley de Vivienda de 2023, que en su opinión ha generado que “muchos propietarios decidan no alquilar a vivienda habitual”. Para este joven empresario, las soluciones pasan por “liberalizar suelo” o facilitar que los bajos comerciales puedan reconvertirse en viviendas, “en València, cerca del 10 % de los inmuebles están parados. Hay bajos que jamás han tenido comercio. Lo lógico sería que el Ayuntamiento pusiera facilidades para reconvertirlos en vivienda”, considera. Aunque admite que los precios siguen altos, Añaños cree que el hecho de que no sigan subiendo “ya es una noticia”.