VALÈNCIA. El Palacio de Congresos de València sigue buscando nueva empresa gestora. El organismo vuelve a sacar a licitación el concurso para contratar los servicios de asesoramiento contable y fiscal, tramitación laboral y externalización de la gestión administrativa después de que quedara desierta la última licitación.
Cabe recordar que el Palacio rescindió el contrato existente con la anterior consultora tras haber sido objeto de una estafa, que acabó con la salida indebida de casi 200.000 euros. El ente llevó a la firma a los tribunales al considerarla responsable del agujero y decidió poner fin al contrato por incumplimiento del mismo el pasado 31 de diciembre.
Una semana antes, el organismo que preside la edil, Paula Llobet, inició los trámites para contratar de nuevo estos servicios a través de una licitación pública de un contrato por valor de casi 109.000 euros. Sin embargo, la única empresa que se presentó no pudo acreditar la posesión de un certificado de calidad que constaba como requisito en los pliegos, por lo que se declaró desierto el concurso el pasado mes de febrero.
Dos años prorrogables a cuatro
Ahora, el Palacio vuelve a licitar con un presupuesto base de 120.000 euros (IVA incluido) la contratación de estos servicios con un plazo de dos años prorrogables a un máximo de cuatro. Según se especifica en los pliegos, el contrato cuenta con un valor estimado de 60.000 euros anuales (IVA incluido). Las empresas interesadas tendrán hasta el próximo 4 de junio para presentar sus ofertas.
- La presidenta del Consejo de Administración del Palacio de Congresos, Paula Llobet (d), y la dire -
- Foto: EP/ROBER SOLSONA
Prevención de fraudes
Teniendo en cuenta los precedentes, entre los requisitos que pide el Palacio se encuentra la necesidad de que la adjudicataria imparta “formación obligatoria en materia de prevención de fraudes, ciberseguridad y gestión de riesgos, con el objetivo de fortalecer la cultura interna de seguridad y cumplimiento”. Además, también se requiere a la empresa que tras los primeros 60 días, realice “un diagnóstico inicial de los procesos contables, fiscales y administrativos actuales”, y en base a él, presente “un plan de mejoras a implantar durante los 12 meses siguientes”.
En cuanto a las certificaciones que se solicitan, las empresas obtendrán hasta 10 puntos si cuentan con los sellos ISO 37001 sobre prevención de sobornos y corrupción; ISO/IEC 27001 o 27005 sobre la gestión de riesgos y protección de información. Estos certificados acreditan mejores prácticas en gestión de amenazas y vulnerabilidades y establecen medidas para prevenir, detectar y enfrentar el soborno.
La empresa adjudicataria también tendrá que aportar un justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura de hasta 800.000 euros.
