VALÈNCIA. Como había anunciado el Ayuntamiento de València, la disputa con la gestora del Palacio de Congresos por el fraude sufrido el pasado verano ha acabado en los tribunales. El consistorio ya ha presentado la denuncia en los juzgados contra la firma encargada de la gestoría fiscal y contable del organismo municipal, acusada por el mismo como responsable de la estafa, que acabó con la fuga de casi 200.000 euros del erario público.

La estafa, ocurrida durante los meses de junio y julio del pasado verano, fue protagonizada por unos defraudadores anónimos, que utilizaron cuentas de correo falsas para suplantar al Palacio de Congresos y a uno de sus proveedores. Así, del proveedor consiguieron documentos clave que luego emplearon para solicitar el cambio de cuenta bancaria en la base de datos del organismo municipal. Como el Palacio tiene externalizado el servicio de gestoría, la compañía encargada tramitó este cambio, y el Palacio dio luz verde a los pagos de las facturas por servicios que el proveedor real había prestado. Al constatar este que el dinero no le había llegado, se descubrió el fraude.

Así pues, el organismo municipal, que preside la edil Paula Llobet, considera responsable a la compañía gestora, Gesem, por no cumplir los protocolos al tramitar el cambio de cuenta bancaria en la base de datos sin informar al Palacio, cuyo director financiero era el único que podía validar este cambio. Dicho directivo estaba de baja y rebotó un primer correo fraudulento que le llegó a los trabajadores de la gestora. Un movimiento en el que, para el consistorio, no puede leerse ninguna instrucción. La consultora acusó al organismo, tras conocerse la estafa, de la falta de formación de los empleados, de no comunicar los nuevos protocolos de ciberseguridad, así como de incumplirlos "sistemáticamente".

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En este contexto, el Palacio acordó ir a los tribunales contra la firma tras solicitar un informe jurídico al abogado de la ciudad cuyas conclusiones señalaron que la consultora "no debió haber hecho las gestiones que hizo sin autorización expresa por parte del director financiero". Así, los servicios jurídicos del Ayuntamiento dieron el visto bueno para ejercer "las acciones que procedan en reclamación contractual de los daños y perjuicios ocasionados" al Palacio, aunque dejaban abierta la puerta para que "pudiera reconocerse la responsabilidad [por parte de la empresa] con carácter extrajudicial".

Esto, por el momento, no ha ocurrido. El consistorio dio tres semanas a la consultora para que reintegrara el 'agujero' producido en las arcas municipales y la firma dejó la cuestión en manos de su seguro, que por el momento no se ha hecho cargo. Motivo por el cual el ente municipal, según ha podido confirmar Valencia Plaza, ha acabado llevando la cuestión al juzgado y tomó la decisión de rescindir de manera anticipada, con fecha del 31 de diciembre, el contrato vigente, que preveía dicha posibilidad ante las faltas graves y muy graves por incumplimiento del mismo.

Hasta ahora, el Ayuntamiento ha podido recuperar el importe de 12 facturas por valor de 46.700 euros aproximadamente, lo que representa un 23% del montante total estafado. Según dijo el propio ente, fue Bankinter, el banco donde estaba registrada la cuenta receptora de los fondos, la que reintegró ese dinero, pero no se explicó en qué concepto se hizo este reintegro y si fue el banco o de la misma cuenta de los estafadores. Y en tal caso, por qué no el montante total. El Palacio dijo que se estaba trabajando en "estrecha colaboración" con las entidades bancarias para "identificar al titular real de la cuenta y esclarecer el destino de las cinco facturas restantes", que ascienden a casi 153.000 euros.

•  La presidenta del Palacio de Congresos, Paula Llobet.-
• Foto: Kike Taberner

En cuanto al servicio de consultoría, tras la rescisión del contrato, el Palacio de Congresos busca nuevo gestor. Sacó a concurso el servicio pero la única empresa que se presentó no cumplía con uno de los requisitos fijados en los pliegos, tal como publicó este fin de semana Valencia Plaza. Así pues, el organismo municipal rehará el concurso y mientras, ha hecho un encargo directo para cubrir el servicio hasta que se adjudique la nueva licitación.