VALÈNCIA. La auditoría de los organismos del sector público local del Ayuntamiento de València alerta de que el Palacio de Congresos sigue manteniendo riesgo de fraude por falta de control en la identificación de sus proveedores pese a haber sufrido ya una estafa de 21.000 euros por suplantación de identidad en 2020 y a que en 2024 se produjera un nuevo fraude de casi 200.000 euros, en este caso a la empresa gestora.

En concreto, el informe de auditoría recoge que la entidad elaboró en 2021, precisamente a raíz de la primera estafa, un manual de procedimientos “para reforzar los controles relacionados con la autentificación de la identidad de los proveedores previamente a la realización de los pagos”. Sin embargo, los auditores subrayan que dicho manual “no está formalmente aprobado”, “no se sigue en la práctica” y “no está actualizado”.

Además, el trabajo de campo ha evidenciado incumplimientos directos de los controles diseñados para evitar fraudes. En concreto, el informe señala que “no se verifica si la persona que presenta el certificado bancario con el número de cuenta del proveedor tiene poderes de representación”. En uno de los pagos analizados, añade, no se solicitó la declaración responsable, y en otros dos no consta ni la declaración responsable ni el certificado bancario, documentos clave para validar la titularidad de la cuenta.

Concentración de funciones que incrementa el riesgo de manipulación

A ello se suma un problema estructural de control interno. Según la auditoría, las funciones de registro y mantenimiento del fichero maestro de terceros (el registro de proveedores) las realiza la persona responsable de la contabilidad, que además asume tareas incompatibles como “la introducción de facturas en el sistema contable y la preparación de conciliaciones bancarias”, una concentración de funciones que incrementa el riesgo de errores o manipulaciones.

Por todo ello, el informe concluye de forma expresa que “la Entidad presenta en el área de fichero maestro de proveedores un riesgo: alto”, una advertencia relevante si se tiene en cuenta las dos estafas recientes que precisamente estuvieron vinculadas a la modificación fraudulenta de datos bancarios de los proveedores.

Las debilidades no se limitan al fichero de proveedores. La auditoría también identifica riesgos elevados en la gestión de la tesorería y de los pagos, donde vuelve a aparecer como problema central la “falta de segregación de funciones”, una situación que, según el informe, “aumenta el riesgo de fraude o error”.

No se vinculan los pedidos con su expediente de contratación

En el área de procedimientos de gasto, los auditores advierten de que en el software de gestión empresarial que usa el Palacio no existe vinculación entre los pedidos y los expedientes de contratación a los que corresponden, lo que permite realizar encargos “sin comprobar que se haya aprobado previamente el gasto (es decir, sin contrato)”. De hecho, en la muestra analizada se detectó “la realización de un pago de 4.594 euros sin haberse tramitado previamente ninguno de los procedimientos establecidos en la ley de contratos públicos".

El informe también pone el foco en el uso de tarjetas prepago, ya que en seis de las siete disposiciones revisadas “la Entidad no ha aportado los justificantes del gasto que acrediten su realización”, y en la única justificada “no se ha autorizado por la persona responsable que establece la normativa interna”. Por estos motivos, la auditoría concluye que la Entidad también presenta en el área de procedimiento de pago un riesgo alto.

Recomendaciones

Ante este escenario, el informe formula recomendaciones claras. En materia de tesorería, subraya que “un aspecto fundamental […] es la segregación de funciones con el fin de que ninguna persona controle todas las etapas”, con el objetivo de reducir el riesgo de apropiación indebida. Además, recomienda realizar “arqueos sorpresivos por parte de una persona independiente”, dejando constancia documental de los mismos.

En relación con el fichero maestro de terceros, los auditores instan a cumplir íntegramente el Plan de Prevención del Fraude (PPAH) para “reducir el riesgo de que se produzcan altas y modificaciones no autorizadas en el FMT que puedan derivar en pagos a terceros incorrectos o fraudulentos”. En este sentido, recomiendan actualizar el manual de procedimientos y, mientras no se haga, “cumplir lo dispuesto en el mismo”.