VALÈNCIA. El portavoz municipal del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha manifestado su ''satisfacción'' al conocerse que la empresa Nuevas Tecnologías de Financiación S.L., se ha retirado de la licitación para la construcción de 227 viviendas de alquiler social en la ciudad, tal y como ha avanzado Valencia Plaza. Desde el PSPV se había calificado de "pelotazo urbanístico" que esa promoción se adjudicase por 155 millones de euros a esta compañía, que era la única aspirante en el proceso. Los socialistas sostenían que el gobierno municipal de PP y Vox había ofrecido "directamente" participar en el concurso a esta empresa, cuyo administrador es Javier Timoner, que en su día fue director general de Lubasa Inmobiliaria, "una de las sociedades que financiaron ilegalmente al Partido Popular", señalan. Además, el grupo municipal socialista también había denunciado que Timoner es el marido de la diputada popular, Alma Alfonso. Un hecho que llevó a los socialistas a denunciarlo ante el Síndic de Greuges y la Agencia Antifraude. 

Sanjuan considera que la renuncia  ahora de NTF "demuestra que estaban preocupados porque habíamos destapado la relación entre quién iba a recibir suelo público del Ayuntamiento de València y el partido que gobierna".  Primero, trataron de esconderlo y ahora, cuando se ha sabido la verdad, corren a intentar zanjarlo de manera rápida”, ha continuado. Y añade que "podemos decir con orgullo que el Partido Socialista le ha ahorrado a los valencianos que se aprovechen del problema de la vivienda para hacer negocio unos pocos". Sanjuan hace referencia a las manifestaciones de la compañía que ha asegurado que "la causa de esta renuncia se halla en las repetidas insidias vertidas profusamente contra esta empresa y su administrador por parte del portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia".

PSPV y Compromís piden que Aumsa asuma el proyecto

Tras apearse del proceso la única empresa interesada, los socialistas proponen que sea la empresa municipal Aumsa "quien construya vivienda pública en suelo público" y apostillan que "siempre será mejor para la ciudad que adjudicarle ese suelo a familiares y amigos”. En el mismo sentido se han manifestado desde Compromís, cuya portavoz en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, también ha exigido que sea la empresa pública municipal quien asuma la construcción de las 227 viviendas para alquiler social. Compromís considera que, si ni siquiera eliminando el canon las empresas han optado por construir estas viviendas, lo mejor que puede hacer el gobierno municipal es hacerlo directamente desde el Ayuntamiento. “La vivienda no puede ser un negocio para los especuladores. Y menos si los terrenos son públicos. Es indecente que un privado obtenga beneficios por explotar un suelo público destinado a vivienda residencial de alquiler social”, ha señalado la portavoz valencianista.