VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes rebaja el riesgo económico de pérdida de fondos para el Ayuntamiento de València por no aprobar la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones este año. Según un informe del síndic, el consistorio del Cap i Casal podría enfrentar una factura -también millonaria- pero que rozaría los 45 millones de euros. Una cifra mucho menor que los cálculos de hasta 150 millones de euros que se baraja atendiendo a las interpretaciones más estrictas de la orden ministerial que regula estos fondos.
Y es que en el informe de fiscalización de las Zonas de Bajas Emisiones que ha emitido la Sindicatura, este órgano considera que el riesgo de reintegro de los fondos no afectaría a todo el paquete de subvenciones vinculadas a la ZBE que ha recibido el Ayuntamiento. Un paquete que asciende a unos 58 millones de euros entre los que se incluyen por ejemplo, actuaciones urbanas como la renaturalización de Pérez Galdós. A criterio del síndic de Comptes, estarían en riesgo directo de devolución por incumplimiento solo dos líneas de ayudas concretas.
Pérdida de fondos vinculados directamente a implantar la ZBE
Se trataría de una línea dotada con 6,9 millones de euros para la implantación de la ZBE (cámaras, software, etc.) y otra línea de 1,62 millones para actuaciones complementarias. En total, unos 8,5 millones que, y así lo reconoce este mismo informe, el Ayuntamiento tendría que devolver arriesgándose además a una sanción que según la Ley General de Subvenciones podría ser del doble de la cantidad obtenida: esto elevaría la cifra a 17 millones de euros de pérdida para las arcas municipales, siempre según el criterio del síndic.
"En nuestra opinión, el riesgo de reintegro se limita a las actuaciones que están directamente relacionadas con el establecimiento de la ZBE señaladas anteriormente, ya que si bien el contrato subvencionado podría estar totalmente ejecutado a 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible o la Comisión Europea podrían considerar que el proyecto de fomento de la movilidad sostenible (que es el término jurídico previsto en los hitos y objetivos del PRTR) no estará finalizado hasta la entrada en vigor de la ZBE", argumenta dicho informe.
Adiós a las ayudas al transporte
Lo que sí está claramente en riesgo al no aprobarse la ZBE, y así lo recoge también el informe de la Sindicatura, son las ayudas estatales al transporte, es decir, el descuento en los precios del bonobús. El documento menciona expresamente que "la condición de beneficiario está supeditada a la justificación (...) de que tienen una ZBE implantada de manera efectiva en 2025". Extrapolando la cifra de 7 millones que recibió el Ayuntamiento en ayudas al transporte en el primer semestre de 2025, en total València perdería 14 millones de las ayudas de 2025 más otros 14 aproximadamente de las subvenciones al transporte de 2026 en el caso de que se convoque dicha línea.
En total, según el criterio de la Sindicatura de Comptes, aunque con cálculos más optimistas, València sigue arriesgándose a perder 45 millones de euros como mínimo, por no implantar su Zona de Bajas Emisiones.
El Ministerio tiene la última palabra
En todo caso, es competencia del Ministerio de Transportes establecer las sanciones por el incumplimiento de aprobar la ZBE dentro del plazo previsto por la ley. Por lo que no se descarta que la factura económica total a la que se enfrenta el Ayuntamiento ante la imposibilidad del gobierno de María José Catalá de aprobar la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones pueda alcanzar esos 150 millones.
En este sentido, el Ministerio está tramitando un decreto con el que pretende poner negro sobre blanco las condiciones que deberán cumplir los Ayuntamientos obligados a implantar las ZBE para evitar interpretaciones laxas de la norma. La nueva norma recogerá que los municipios deberán acreditar el cumplimiento de varios requisitos entre los que estará “la publicación de la normativa municipal vigente donde se establece la delimitación legal de la ZBE”, es decir, la ordenanza.
