VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se encamina a perder entre 115 y 155 millones de euros ante la imposibilidad del gobierno de María José Catalá de sacar adelante una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones. Unas consecuencias económicas que no solo tendrán impacto directo en las arcas municipales, sino que implican la pérdida de las ayudas estatales al transporte y por tanto, se traducirían por ejemplo en el encarecimiento del precio del bonobús de la EMT. 

Unas consecuencias que no han traído aparejada una negociación a la altura de la gravedad de la millonaria factura que deberá asumir la ciudad. Y es que este martes cristalizaba en el pleno de noviembre que el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, no ha logrado en estas semanas atar el apoyo de ninguno de los grupos que conforman el Ayuntamiento de València para aprobar la ordenanza de ZBE después de que sus socios de gobierno decidieran -por órden de Bambú- dar un volantazo de última hora y retirar su apoyo al proyecto de ZBE de Catalá.

La última propuesta del PP

De hecho, no fue hasta el propio pleno de este martes -doce días después del último contacto con el PSPV- cuando Carbonell trasladó in voce la nueva propuesta de Zona de Bajas Emisiones con la que pretendía convencer a la oposición. Una oferta que contempla ampliar el perímetro hasta la V-30 incluyendo a los barrios de San Isidro, San Marcelino y el Marítimo; avanzar el calendario de sanciones a vehículos contaminantes de la ciudad a julio de 2027 o valorar las sanciones a los vehículos etiqueta 'B' de fuera de la ciudad a partir de 2031 -siempre y cuando se superen los límites de contaminación en 2030.

Una propuesta que los grupos de izquierda consideran "insuficiente" puesto que según PSPV y Compromís no está vinculada a la intención de reducir la contaminación y el tráfico en la ciudad y simplemente está concebida como "un trámite" para evitar la pérdida de fondos europeos. Cabe recordar que las líneas rojas de la oposición pasan por avanzar el calendario de sanciones; incluir a los coches etiqueta B de fuera de la ciudad y también no incorporar tráfico rodado en el bulevar García Lorca en el caso del PSPV o limitar la entrada de vehículos en la calle Colón y eliminar el túnel de Pérez Galdós en el caso de Compromís. Unas demandas que los grupos de la oposición tampoco han rebajado en estas semanas. 

Pese a que Vox es socio de gobierno del PP en València, el equipo de María José Catalá no ha intentado que sus aliados rectificaran su negativa a la ZBE, una negativa de la que Vox saca pecho abiertamente. De hecho, este mismo martes el partido registró en Les Corts una Proposición No de Ley en la que pide revocar las Zonas de Bajas Emisiones allí donde ya están implantadas, un texto en el que incluso se atribuye explícitamente el bloqueo en València al afirmar que, “gracias a Vox”, la ciudad no ha aprobado su ordenanza que califican de “ecologismo ideológico”. 

Pérdida de financiación de la UE

Pero además de la posible factura medioambiental que denuncian los partidos de la oposición, la falta de consenso político supondrá una millonaria pérdida económica para València. Una gran parte del golpe económico proviene de la financiación europea: el paquete de financiación vinculado a la ZBE asciende a 57,8 millones de euros, según fuentes municipales. Si no se establece la normativa antes de fin de año, habría que devolver ese dinero. Además, podría imponerse una sanción del 100% sobre la subvención, lo que elevaría el impacto en las arcas municipales hasta los 115 millones de euros.

Este escenario supone un claro riesgo reputacional para València frente a organismos europeos, ya que no cumplir con los compromisos podría afectar futuras solicitudes de ayudas, no solo para movilidad sostenible sino para otros proyectos vinculados al Pacto Verde y políticas de descarbonización cuyas convocatorias requieren contar con una ZBE.

Reintegro de las ayudas estatales al transporte

Además de la financiación europea València podría perder entre 20 y 30 millones de euros en ayudas al transporte público del Ministerio. Estas ayudas estaban destinadas a financiar los descuentos en el transporte público para 2025, vinculados directamente a la implementación de la ZBE. La pérdida de estos fondos tendría efectos colaterales muy concretos: según denuncia parte de la oposición, el precio del bonobús de la EMT podría subir más de un 60% hasta los 8,5 euros o se pondría en riesgo la gratuidad del abono a los jóvenes.

Por si fuera poco, València se enfrenta a la posibilidad de sanciones por parte del Ministerio de Transportes. La Abogacía del Estado avala en un informe al Ministerio de Óscar Puente a sancionar a los municipios ‘incumplidores’ que recibieron fondos para ZBE y no la implantaron antes del 31 de diciembre de 2025. Unas sanciones por infracciones que podrían ser graves o muy graves y podrían conllevar una cuantía de dos y hasta tres veces la ayuda percibida. Sin embargo, estos criterios todavía no están definidos.

A todo ello se suma la presión del calendario. Al gobierno de Catalá le quedan, como máximo, algo más de una semana para lograr un acuerdo político, un consenso que tras el pleno de este martes parece cada vez más improbable.