VALÈNCIA.El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) inadmite el recurso presentado por Compromís contra la licitación del contrato para la gestión ambiental de la Devesa-Albufera, levantando así la suspensión del procedimiento. El tribunal señala en su resolución -sin entrar a valorar el fondo del recurso- que el concejal de Compromís Sergi Campillo carece de legitimación para recurrir por esta vía al no formar parte de la Junta de Gobierno Local, órgano de contratación que aprobó los pliegos.

De este modo, el tribunal despeja el camino para que continúe la licitación, que quedó suspendida cautelarmente el pasado mes de diciembre tras la presentación de este recurso. El contrato, licitado el pasado mes de noviembre por algo más de un millón de euros, contempla la asistencia a la gestión ambiental del parque natural de la Devesa-Albufera, la elaboración de informes técnicos, acciones de educación ambiental y tareas de comunicación. Unas funciones que hasta ahora han sido desempeñadas por personal técnico municipal.

Cabe recordar que es un contrato que impulsa la concejalía de Devesa-Albufera que dirige el teniente de alcalde de Vox, José Gosálbez, mediante el cual el Ayuntamiento pretende externalizar el servicio de gestión y comunicación ambiental del paraje.

El TACRC no se pronuncia sobre el fondo del recurso

En la resolución del tribunal administrativo se concluye que el edil de Compromís no está legitimado para interponer un recurso especial en materia de contratación puesto que “no ha formado parte del órgano de contratación y por consiguiente no ha podido votar en ningún sentido respecto del acuerdo recurrido”, requisito que la normativa exige para que los miembros de una corporación local puedan impugnar este tipo de decisiones. Por ello, el órgano ha decidido inadmitir el recurso sin entrar a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión que denunciaba Campillo.  

La licitación generó críticas tanto desde la oposición como desde el ámbito sindical y ecologista. Compromís denunció que el contrato abría la puerta a la “privatización” de la gestión ambiental de la Devesa-Albufera y advirtió del riesgo de que la empresa adjudicataria pudiera elaborar “informes a demanda” sobre el estado del parque natural. En la misma línea, la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de València alertó de que el contrato podría suponer la externalización de tareas que, a su juicio, deberían corresponder al personal funcionario municipal, como el asesoramiento técnico o la elaboración de informes ambientales vinculados a la gestión del espacio protegido.

Tres empresas optan a adjudicarse el servicio

Unos días antes de que el TACRC acordara la suspensión cautelar del procedimiento, el Ayuntamiento ya había procedido a la apertura de las ofertas presentadas a la licitación. En esa fase se admitió a tres empresas: Instituto Imedes, SM Sistemas Medioambientales y Tahler. Tras la resolución del tribunal, el proceso deberá continuar ahora con la valoración y calificación de las propuestas presentadas para determinar cuál resulta adjudicataria del contrato.

Ahora, tras la decisión del tribunal, el Ayuntamiento podrá retomar la tramitación del procedimiento de contratación, que quedó paralizado el pasado mes de diciembre de forma cautelar mientras se resolvía el recurso presentado por el edil de Compromís.