VALÈNCIA. (EP). La concejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero --para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel por difundir mensajes de odio en redes sociales-- ha presentado una moción al próximo pleno municipal en la que solicita que se "evite recurrir a la vía penal como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas".

La sección de delitos de odio y contra la discriminación de la Fiscalía de Valencia pide tres años de prisión para esta edil, miembro del equipo de gobierno municipal, a la que acusa de difundir mensajes en su cuenta de X "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia las personas migrantes, además de a las pertenecientes al colectivo LGTBI, o con discapacidad, haciendo uso, además, de un peyorativo y de expresiones de burla hacia los mismo".

El ministerio público reclama para Herrero tres años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 7.200 euros e inhabilitación especial.

Por su parte, la concejala de Vox ha presentado para que se incluya en el orden del día de la sesión ordinaria del pleno que tendrá lugar el próximo martes. En su propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la edil esgrime que el Ayuntamiento, "como institución democrática, tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, especialmente los relativos a la libertad de expresión, la participación política, la igualdad ante la ley y el pluralismo político".

En el texto hace referencia a que la calificación fiscal, motivada por las denuncias de Compromís y PSPV, ha trascendido públicamente antes de que se le haya notificado a ella misma. Sin entrar en el fondo del asunto, apunta, "la apertura de procesos penales entre representantes públicos por puro oportunismo político y basado en discrepancias políticas genera una seria preocupación institucional".

En este punto, alude a la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que "en su trayectoria pública ha advertido reiteradamente sobre el riesgo de emplear el Derecho Penal como herramienta de confrontación política".

"En su propia presentación institucional, --prosigue-- JJpD subraya su compromiso con 'una justicia independiente, accesible y comprometida con los derechos fundamentales', recordando que el sistema penal debe mantenerse alejado de usos partidistas o estratégicos. Asimismo, en comunicaciones recientes, JJpD ha sido la única asociación judicial que ha reconocido expresamente 'la instrumentalización de ciertos procedimientos por razones partidistas", alertando de que este fenómeno erosiona la confianza en la justicia y deteriora la convivencia democrática'".

"En un contexto de pluralidad ideológica como el de esta corporación, resulta imprescindible reforzar el compromiso ético y democrático de todos los miembros del Pleno para garantizar que las discrepancias políticas se canalicen mediante el diálogo, el debate público y los mecanismos democráticos ordinarios, excluyendo los ataques ad hominem y evitando recurrir a la vía penal como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas", insiste Herrero.

"Expresión desafortunada"

Además, expone que el recurso al Derecho Penal --incluido el tipo de delito de odio-- "exige siempre una valoración estrictamente jurídica, rigurosa y basada en los criterios establecidos por la jurisprudencia, sin presuponer, inventar, forzar, manipular o sesgar cualquier expresión controvertida o desafortunada o que simplemente no guste o no se entienda, ni interpretar de la manera equivocada expresiones ajenas privándolas de su contexto temporal - o de otra índole".

Por todo ello, "y ante la gravedad institucional que supone que representantes electos se enfrenten penalmente entre sí por cuestiones vinculadas al debate político", pide en la moción que "los concejales y concejalas se comprometan a actuar "con responsabilidad institucional, evitando conductas y actuaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales de sus compañeros y compañeras" y que el Pleno acuerde "promover espacios de mediación, diálogo y resolución interna de conflictos para prevenir la escalada de tensiones políticas y fortalecer la convivencia democrática dentro de la corporación".

Compromís y PSPV piden su cese

Cabe recordar que en ese mismo pleno de enero, los dos grupos de la oposición --Compromís y PSPV--, que han pedido la salida de Herrero desde que se conocieron sus mensajes de odio y ahora también a partir de la petición de prisión que hace Fiscalía, van a presentar mociones al pleno pidiendo su cese.

Cecilia Herrero, concejala de Vox y miembro del equipo de gobierno que integran esta formación política y el PP, está actualmente al frente de la delegación de Responsabilidad Patrimonial.

El juez del Juzgado de Instrucción número 15 de València dictó en junio del pasado año un auto en el que incoó procedimiento abreviado a la edil por una serie de tuits, como paso previo a sentarla en el banquillo de los acusados al ver "suficientes indicios de criminalidad" en su actuación.

Entre los mensajes difundidos por Herrero se encuentran algunos como "BASTA. Blindar nuestras fronteras y apoyar a las FCSE (DEL ESTADO SÍ) es una obligación del Gobierno. La expulsión de inmigrantes NUESTRO DERECHO. Expulsión YA"; "No son ni migrantes ni inmigrantes. Son INVASORES" o "Los moros nos invaden".