VALÈNCIA. El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes de València ha decidido aplazar la adjudicación directa del contrato de 440.000 euros a Andersen Tax Legal Iberia para tramitar la demanda a Indra por los 9 millones de euros de la 'app fantasma' ante las dudas de los consejeros por el coste y procedimiento elegido para el encargo.
Pese a que se había incluido en el orden del día del consejo celebrado este miércoles, tras las dudas planteadas por la consejera del PSPV, Elisa Valía, el resto de consejeros ha optado por dejar este asunto sobre la mesa y aplazar la votación con el objetivo de que se proporcione más documentación que justifique el elevado coste y la ausencia de presupuestos alternativos. Desde la empresa pública señalan que se procederá a elaborar un informe con documentación más detallada para justificar ante los miembros del consejo de administración la elección de Andersen sin haber solicitado otros presupuestos y el desglose de los honorarios.
Tal y como ha publicado Valencia Plaza, la dirección de la EMT había llevado para su aprobación la contratación de los servicios de asesoría jurídica de Andersen por 440.000 euros para elaborar y representar a la EMT en la demanda judicial que la empresa pública pretende interponer a Indra para recuperar los 9 millones de euros que València pagó por el software del proyecto 'Ciudades Conectadas' que nunca llegó a recibir. Unos servicios que incluyen la representación solo en primera instancia.
Cabe recordar que el proyecto "Ciudades Conectadas”, al que València se adhirió en 2021 junto a Valladolid, Gijón, Fuenlabrada, Vitoria y Logroño, contó con casi 12 millones de financiación de fondos europeos y contemplaba el desarrollo de una plataforma digital de movilidad multiciudad. La elaboración de este software se adjudicó a Indra Sistemas en la anterior legislatura en enero de 2023.
Sin embargo, el plazo de ejecución venció en diciembre de 2025 sin rastro de esta app. El contrato estipulaba pagos mensuales fijos por lo que la EMT abonó a la multinacional cerca de 9 millones de euros por un software que nunca llegó a recibir. A finales de 2025 la EMT ya acordó imponer a Indra una sanción de algo más de un millón de euros por el incumplimiento contractual y el Ayuntamiento anunció que también reclamaría judicialmente la devolución de los 9 millones.
Tras aplazarse la votación de esta adjudicación, ahora la empresa pública procederá a elaborar el citado informe para justificar de forma más extensa la exclusión de este contrato de la Ley de Contratos del Sector Público y también la elección de Andersen como bufete para representar a la EMT en este proceso judicial. Desde el organismo público insisten en que este despacho ya ha trabajado con el proyecto de 'Ciudades Conectadas' y que su conocimiento del proyecto sería clave para agilizar la tramitación de la demanda. Un extremo que según apunta la concejala y consejera Elisa Valía, supondría una ventaja técnica pero no justificaría la elección de Andersen sin consultar otras ofertas alternativas.
