VALÈNCIA. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València contratará por 440.000 euros al despacho Andersen Tax & Legal Iberia para la demanda judicial que reclame a Indra los 9 millones de euros que València pagó por la ‘app fantasma’ del proyecto ‘Ciudades Conectadas’ que nunca llegó a ejecutarse.
Está previsto que la contratación directa —sin concurso y sin haber solicitado otros presupuestos alternativos— de los servicios de asesoría jurídica a Andersen para este pleito de envergadura se apruebe en el consejo de administración de la EMT que se celebra este miércoles.
Sin cobertura ante posibles recursos
Según el expediente al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el contrato con Andersen cubriría la fase prejudicial previa, el análisis de las cláusulas del contrato con Indra, la elaboración de la demanda, la personación y la defensa de la EMT hasta la sentencia de primera instancia. No se menciona en cambio la defensa en posibles recursos en fases posteriores del procedimiento judicial.
La empresa pública justifica esta adjudicación directa y su importe alegando que este tipo de servicios están excluidos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) según el Real Decreto Ley 3/2020. La EMT considera que solicitar presupuestos a otras firmas "dilataría innecesariamente” la interposición de la demanda y obligaría a la EMT a dar acceso a documentación "altamente confidencial" a terceros.
9 millones por una 'app' que nunca llegó
Cabe recordar que el proyecto "Ciudades Conectadas”, al que València se adhirió en 2021 junto a Valladolid, Gijón, Fuenlabrada, Vitoria y Logroño, contó con casi 12 millones de financiación de fondos europeos y contemplaba el desarrollo de una plataforma digital de movilidad multiciudad. La elaboración de este software se adjudicó a Indra Sistemas en la anterior legislatura en enero de 2023.
Sin embargo, el plazo de ejecución venció en diciembre de 2025 sin rastro de esta app. El contrato estipulaba pagos mensuales fijos por lo que la EMT abonó a la multinacional cerca de 9 millones de euros por un software que nunca llegó a recibir.
A finales de 2025 la EMT ya acordó imponer a Indra una sanción de algo más de un millón de euros por el incumplimiento contractual y el Ayuntamiento anunció que también reclamaría judicialmente la devolución de los 9 millones. Una reclamación que ahora encargan a Andersen.
No en vano, hay que señalar que al tratarse de fondos europeos, el consistorio también se arriesga a retornar la financiación y a una posible penalización de Bruselas que podría superar los 20 millones por no haber cumplido los objetivos de la subvención.
El PSPV reprocha que no se pidan más presupuestos
Desde la oposición la concejala del PSPV-PSOE y consejera de la EMT, Elisa Valía, señala que su formación votará en contra de la adjudicación y pedirá "que se deje encima de la mesa y se retome cuando la empresa haya consultado con un par de despachos más y se puedan comparar ofertas". Valía considera que "no es razonable que se haga una adjudicación de casi medio millón de euros a dedo" y señala que "al margen de que este contrato pudiese quedar fuera de la ley de contratos del sector público, cosa que no está clara, como consejeros debemos preservar el interés general y estar seguros de que es la mejor opción para la EMT y de que no se está despilfarrando el dinero público".
Valía subraya que los socialistas están "a favor de que se reclame a Indra por los incumplimientos", pero insiste en que "no significa que esta contratación del gabinete jurídico se tenga que hacer de esta forma".
Además, la representante del PSPV considera "llamativo" que esta cantidad de dinero "no cubra la defensa de la EMT en caso de recurrirse la sentencia por alguna de las partes". Valía alerta que de darse este escenario, "la empresa estaría completamente en manos de Andersen, que podría pedir la cantidad que quisiera, porque en ese momento sí que no tendría sentido cambiar el equipo asesor".
