València

La renuncia a segregar el carril bus en Blasco Ibáñez obliga al Ayuntamiento a pagar 72.000 euros

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VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València deberá pagar algo más de 72.000 euros por el proyecto para segregar el carril bus en Blasco Ibáñez que se descartó. La decisión del gobierno que dirige María José Catalá de renunciar a esta iniciativa obliga al consistorio a abonar a la adjudicataria del proyecto unos 72.800 euros por la liquidación del contrato.

Este gasto corresponde al trabajo que la ingeniería Oficina Técnica Tes llegó a realizar antes del frenazo definitivo y a la indemnización legal que le corresponde por la cancelación anticipada del diseño.

Cabe recordar que el proyecto original que se gestó con el anterior gobierno de Compromís y PSPV, tenía financiación con fondos europeos Next Generation del Programa de Ayudas a Municipios para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y contemplaba una reforma de la avenida Blasco Ibáñez para segregar el carril bus desde el cruce con Marí Blas de Lezo en el Cabanyal hasta General Elio. Ya con el actual gobierno de PP y Vox en febrero de 2025 se adjudicó por 221.385 euros la redacción del proyecto a la citada Oficina Técnica Tes. 

Sin embargo, unos meses después la Concejalía de Movilidad que dirige Jesús Carbonell decidió descartar el proyecto apoyándose en el rechazo vecinal y en un informe de la consultora Idom (encargada del Plan Director de la EMT) que concluyó que el BRT "no era idóneo" para la avenida por ser una intervención "demasiado agresiva". Los técnicos plantearon la alternativa de segregar el carril bus actual solo en un tramo y dotar a la vía de prioridad semafórica. El propio Ministerio de Transportes dio el visto bueno en septiembre pasado a la modificación de las condiciones para evitar la pérdida de los fondos europeos.

Ante este escenario y tras pactar una alternativa con las asociaciones de vecinos de la zona, el consistorio decidió dar marcha atrás al contrato en verano de 2025. Al tratarse de una extinción por mutuo acuerdo motivada por "razones de interés público" y no por un incumplimiento de la empresa, la Ley de Contratos del Sector Público obliga a compensar a la adjudicataria.

El Ayuntamiento ha valorado los trabajos efectivamente realizados por la ingeniería en 65.053,44 euros (IVA incluido). A esta cantidad se le suma una indemnización de 7.751,99 euros, equivalente al 6% de los servicios que se han dejado de prestar en concepto de beneficio industrial, tal y como estipula la normativa de contratación para estos supuestos

Descontando el 20% inicial que el Ayuntamiento ya había abonado en la primavera de 2025 (22.138,52 euros), la Junta de Gobierno de este viernes ha reconocido una última obligación de pago de 50.666,91 euros para cerrar definitivamente el expediente y devolver la fianza a la empresa.

A pesar del desembolso de estos 72.805 euros por un proyecto que no se va a ejecutar, el Servicio de Movilidad defiende que la cancelación responde a la voluntad de los vecinos de la zona.

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