VALÈNCIA (EP). El grupo socialista en el Ayuntamiento de València ha denunciado este miércoles la proliferación de asentamientos precarios en barrios de la ciudad y ha acusado al equipo de gobierno dirigido por María José Catalá de "desmantelar recursos". El PSPV ha anunciado en un comunicado que presentará una moción para que vuelva a convocar la Comisión Técnica para Asentamientos y que se mantengan los recursos, como las 50 plazas de Rocafort.
Por contra, fuentes municipales aseguran que el consistorio dispone en la actualidad de cerca de 1.000 plazas diarias para prestar asistencia a personas en riesgo de exclusión social que son adjudicadas con criterios técnicos en los Centros de Servicios Sociales Municipales.
La concejala socialista y miembro de la ejecutiva del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Maite Ibáñez, ha denunciado el aumento de la exclusión social en la ciudad y ha alertado sobre la proliferación de asentamientos precarios no solo en plazas del centro sino también en barrios de toda València, "donde se levantan tiendas de campaña y chabolas ante la falta de respuesta del Ayuntamiento", como son Benimaclet, Orriols o Torrefiel, entre otros.
"Desde el PSPV-PSOE hemos constatado esta misma mañana que hay personas durmiendo en las calles tanto del centro como de distintos barrios de la ciudad mientras María José Catalá sigue recortando recursos y personal en los Servicios Sociales municipales", ha señalado Ibáñez, que ha acusado al gobierno del PP y Vox de "alentar el discurso del odio y la criminalización de la pobreza", al tiempo que "eliminan mecanismos de atención social, suprimen comisiones de coordinación y dejan sin recursos a quienes más lo necesitan".
A su juicio, "mientras Catalá baja impuestos a los más ricos, abandona a quienes más apoyo necesitan y desmantela los servicios públicos esenciales". El PSPV quiere recuperar la comisión técnica de asentamientos aprobada en 2023 en el Consejo Social de la Ciudad para coordinar la atención a personas sin hogar y familias en situación de emergencia habitacional.
"Es intolerable que una ciudad como València mire hacia otro lado ante el crecimiento de la pobreza extrema en sus calles. La respuesta no puede ser la marginación y el abandono, sino la coordinación, el refuerzo de los servicios públicos y unas políticas sociales ambiciosas", ha afirmado Ibáñez.
"Dejadez" del gobierno
Frente a estas críticas, fuentes municipales indican que el Gobierno de España "debe trabajar en origen el problema de la inmigración irregular porque las grandes ciudades pagan las consecuencias de la dejadez de la situación y tienen que atender exclusivamente con recursos propios las urgencias sociales que se le presentan".
Sobre la situación en los alrededores del Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI) en el barrio del Carmen, desde el consistorio apuntan que los trabajadores de este espacio como los de Servicios Sociales "señalan que atienden y conocen las situaciones de muchas de las personas que están en este lugar y muchas de ellas reciben asistencia por parte de los servicios sociales municipales".
En esta línea, precisan que varios de ellos presentan "perfiles de problemas de conducta o de adicciones" por lo que se debe abordar su situación desde este punto de vista. En algunos casos, añaden, hay personas que han sido expulsadas de los alojamientos gestionados por los servicios municipales por "conducta inapropiada" y en otros casos están pendientes de programas de la Conselleria de Servicios Sociales.
El gobierno municipal rechaza que haya un recorte de recursos puesto que en los últimos meses "se ha ampliado en más de 70 las plazas para personas sin hogar con la apertura de un segundo CAES en Benimaclet que se suma al de Santa Cruz de Tenerife". Ambos abren los 365 días del año "y no como hizo el anterior gobierno que solo los abría unos días al año o ante emergencias climáticas".
Desde el consistorio replican que ahora hay diariamente cerca de 50 plazas nocturnas para personas sin hogar y recalcan que la plantilla municipal en el área de Bienestar Social "es la misma que en las legislaturas anteriores". Por ello, mantienen que "es falso el desmantelamiento tanto del personal como de las infraestructuras destinadas a Servicios Sociales" sino que defienden que "hay nuevas plazas para atender a las personas sin techo".
