València

València limitará los pisos turísticos a un 2% por barrio

El Ayuntamiento de València prevé iniciar el proceso de modificación de las normas urbanísticas próximamente.

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VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València empieza a dar los primeros brochazos de lo que será la nueva regulación de apartamentos turísticos en el Cap i Casal. La alcaldesa, María José Catalá, ha anunciado este jueves en un acto en Madrid que el consistorio establecerá una limitación de pisos turísticos por barrio. Así, estos sólo podrán suponer el 2% de las viviendas residenciales en cada barrio.

Para aquellos barrios donde ya se superen esas cifras, como Ciutat Vella o Cabanyal, el veto a las nuevas aperturas será total. La alcaldesa lo ha expresado así a la hora de hablar de la regulación municipal, pendiente desde que el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de València aprobara la moratoria en la mayoría de la ciudad. La nueva norma permitirá, eso sí, la implantación de viviendas turísticas en bloques exclusivos, según ha dicho.

El gobierno municipal de València tiene previsto iniciar el proceso para el cambio de las normas urbanísticas próximamente. Es probable que apruebe el documento de evaluación ambiental este mismo viernes en la Junta de Gobierno Local antes de su exposición al público, si bien los técnicos están ultimando la documentación todavía.

María José Catalá
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"Seguramente mañana la Junta de Gobierno Local apruebe el primer paso de la nueva regulación: solo podrán ser viviendas de uso turístico el 2% de cada barrio", ha dicho Catalá: "Para nosotros, el 80% de la ciudad tiene que ser residencial y el 20%, terciaria". "Además, permitiremos que las viviendas de uso turístico sean en bloques de edificios concretos, que pueden ser una oportunidad para la rehabilitación de algunas fachadas", ha explicado.

"Nosotros la guerra la tenemos contra las viviendas de uso turístico irregulares y especialmente cuando se insertan en una comunidad de vecinos", ha insistido la alcaldesa.

Hasta ahora, por lo general, se podían instalar pisos turísticos en cualquier edificio siempre por debajo de los usos residenciales, incluidos los bajos. Excepto en dos zonas, Ciutat Vella y Cabanyal, que además de esas limitaciones tenían su propia regulación. En el casco histórico, dos tercios del distrito está vetado a nuevos pisos turísticos. Y en el barrio marítimo, el Plan Especial del anterior gobierno local, dirigido por Joan Ribó, limitaba los pisos turísticos al 10% por manzana. De modo que la nueva regulación sería todavía más estricta.

La moratoria se prorrogará

A la espera de esta nueva regulación, el pasado mes de mayo, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moratoria de licencias para gran parte de la ciudad, que afecta no sólo a pisos turísticos sino también al resto de usos hoteleros, dejando fuera precisamente las mencionadas zonas por contar con limitaciones propias. Sin embargo, el 'boom' de peticiones provocaron que la concejalía de Urbanismo, que dirige el edil Juan Giner, haya decidido extender la suspensión de licencias temporal también al Cabanyal.

La moratoria tenía una vigencia de un año, por lo que caducaría en mayo. Con todo, el consistorio tiene la posibilidad de prorrogarla hasta un segundo año, el máximo que permite la normativa. Posibilidad que Urbanismo tiene previsto utilizar dado que no se habrá llegado al mes de mayo con la nueva regulación aprobada.

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"No han cumplido con el 10% del Cabanyal"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, ha asegurado que el anuncio de Catalá es "la confesión de la desorientación del equipo de gobierno y la falta de una orientación clara sobre el proyecto de ciudad y hacia dónde quieren llevarla". Así, ha señalado que el consistorio estuvo "diez meses" negándose "a aprobar la moratoria de nuevos permisos" y "ahora se va a Madrid a anunciar una nueva autoenmienda a su errática política y anuncia un tope del 2% de apartamentos turísticos en todos los barrios".

"La cuestión es: si no ha sido capaz durante todo su mandato de ajustar a la legalidad la autorización de apartamentos turísticos en Ciutat Vella y Cabanyal-Canyamelar, donde estaba establecida en un 10% por sus Planes Especiales, ¿qué hace pensar que ahora sí será capaz de ajustarlos al 2% en cada barrio?", ha preguntado la portavoz, quien ha asegurado que "la realidad se impone, y cada vez que en la normativa legal se deja una grieta sin cerrar, los movimientos especulativos siempre encuentran espacio para introducirse y dejar sin efecto ni contenido cualquier esfuerzo parcial".

Por ello, ha pedido que "la regulación de todo el parque inmobiliario turístico (apartamentos, hoteles, hostales, etc.) requiere una regulación estable, permanente y que no atienda a las urgencias políticas", y ha solicitado la creación de una Comisión No Permanente con la participación de partidos, agentes sociales y vecinales "para diseñar entre todos el futuro que queremos para la ciudad". A su juicio, "2029 debe ser el horizonte en el que no queden apartamentos turísticos en la ciudad" y "cualquier otra propuesta parcial está condenada al fracaso y continuará la espiral de subidas de precios, expulsión de vecinos y desaparición del tejido comercial en los barrios".

Borja Sanjuán (PSPV) y Papi Robles (Compromís)
  • Borja Sanjuán (PSPV) y Papi Robles (Compromís) -

El PSPV pide la prohibición total

Por su parte, los socialistas han manifestado que “mientras Catalá piensa que está trabajando para contener los apartamentos turísticos, la realidad pasa por encima de todos sus datos”. Así, han resaltado que según Exceltur, hay un 30% de apartamentos más en la ciudad que en 2023. "Así que nada de lo que hace el PP está surtiendo efecto", ha dicho el portavoz socialista, Borja Sanjuán.

Sanjuán ha lamentado que el consistorio "se limita a proponer un tope del 2% de viviendas turísticas por barrio". "Si en Valencia hay 420.000 viviendas, el 2% son 8.400. hace años que la realidad ha superado esa cifra, ya que hoy hay más de 10.000", ha apuntado Sanjuán, para quien “ni una sola vivienda más ha de ser convertida en apartamento turístico para hacer negocio". "Únicamente la prohibición y la caducidad de las licencias concedidas puede influir en el mercado de la vivienda aumentando la oferta y rebajando precios", ha subrayado.

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