VALÈNCIA. València avanza en la actualización de su Plan General para incluir la regulación de nuevas realidades residenciales como el ‘coliving’, los usos de azoteas, o los límites para nuevos espacios comerciales en barrios residenciales. Este mismo viernes la Junta de Gobierno Local aprueba el informe ambiental estratégico de la modificación del planeamiento, un trámite necesario que supone un nuevo paso administrativo de cara a la actualización puntual del Plan General de València, que data del 1988.
Esta actualización de las normas urbanísticas permite incorporar las demandas más urgentes detectadas por los servicios municipales —como la regulación del coliving, el uso de azoteas para piscinas o trasteros, la ampliación de usos en bajos comerciales o los límites para nuevos espacios comerciales en barrios residenciales— sin necesidad de esperar a una revisión completa del PGOU.
La propuesta ha superado el trámite ambiental simplificado, al considerar que no genera impactos significativos sobre el medio ambiente. Se trata de una intervención acotada al suelo urbano ya consolidado, que no implica modificación sustancial del modelo territorial. El acuerdo incorpora informes de hasta una veintena de departamentos municipales, autonómicos y entidades privadas, con alegaciones que se analizarán de cara a incorporarlas en la redacción final de la versión preliminar del plan. Desde la delegación de Urbanismo destacan que esta modificación "se ha trabajado mucho con profesionales del sector a nivel de definición de conceptos".
Tal y como ha ido contando Valencia Plaza, entre las principales novedades que recoge la modificación puntual del PGOU figura la actualización del régimen de usos comerciales en zonas residenciales. El nuevo texto amplía la superficie máxima permitida para comercio de proximidad en estos ámbitos, pasando de los actuales 2.000 metros cuadrados a un máximo de 5.000. El objetivo, según recoge la propuesta, es favorecer una red más distribuida de establecimientos, reducir la dependencia del coche y permitir la instalación de medianas superficies sin necesidad de suelo terciario.
La modificación también contempla nuevos usos compatibles en los bajos de edificios residenciales, especialmente aquellos vinculados a la economía urbana contemporánea. Así, se permitirá la implantación de talleres artesanales, actividades tecnológicas o logísticas, puntos de recarga eléctrica o instalaciones para generación fotovoltaica.
- Imagen de archivo de Juan Giner -
- Foto: AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Uso de azoteas
Otra de las novedades destacadas es la regulación del uso de las azoteas. La nueva redacción incluirá criterios para la implantación de elementos como trasteros o piscinas en cubierta, instalaciones cada vez más habituales en edificios existentes, pero que carecían de un encaje normativo claro. La propuesta busca ofrecer seguridad jurídica tanto a promotores como a particulares.
En esta misma línea, se prevé la incorporación de figuras residenciales emergentes como el coliving, el cohousing o el flex living. Estos modelos de vivienda compartida, orientados a perfiles como jóvenes profesionales, estudiantes o personas en tránsito, no estaban contemplados en la normativa de 1988. Su reconocimiento permitirá autorizar proyectos de este tipo de forma reglada, con condiciones específicas y diferenciadas del uso residencial convencional. A nivel técnico, el documento también plantea mejoras en la redacción y sistematización de las normas urbanísticas.
Instalaciones fotovoltaicas
La modificación del PGOU también incorpora referencias a las obligaciones derivadas de la normativa autonómica en materia de transición energética. En particular, se establece que los grandes aparcamientos en superficie —tanto públicos como privados— deberán incorporar sistemas de generación solar fotovoltaica. Esta medida afecta a los aparcamientos de más de 1.000 m² en suelo urbano, en línea con lo exigido por la Ley 6/2022 de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana, y busca fomentar el autoconsumo eléctrico y reducir la huella energética de las infraestructuras urbanas. Aunque estas disposiciones ya están recogidas en leyes sectoriales, el nuevo articulado del plan urbanístico prevé su integración para asegurar su cumplimiento en futuras licencias y desarrollos.
