VALÈNCIA. Un total de 46 millones de euros. Esta es la cifra que el Ayuntamiento de València ha pagado en expropiaciones rogadas en dos años para cerrar una deuda acumulada durante más de una década. Según fuentes municipales, con este desembolso el consistorio da por saldadas las expropiaciones rogadas pendientes, una factura que se hizo efectiva tras la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2023 que tumbó la moratoria autonómica que había permitido a los ayuntamientos aplazar estos pagos durante once años.
En concreto, el consistorio del Cap i Casal ha desembolsado 8,3 millones de euros en 2024 y 38,7 millones en 2025, una cifra inferior a la estimación inicial del impacto económico de la sentencia, que el propio Ayuntamiento situaba en torno a 51 millones de euros.
Las expropiaciones rogadas —o expropiaciones por ministerio de la ley— se producen cuando un planeamiento urbanístico reserva un suelo privado para dotaciones públicas como zonas verdes, calles, colegios u hospitales y, transcurrido un plazo legal (cinco años en este caso) sin que la administración lo expropie ni lo integre en un desarrollo urbanístico, el propietario puede obligar al Ayuntamiento a comprar el terreno y pagar su justiprecio.
Este mecanismo está pensado para evitar que los propietarios queden indefinidamente atrapados con terrenos sin aprovechamiento urbanístico ni compensación económica, una situación que se ha repetido en numerosos municipios valencianos.
Una década de moratoria autonómica
En la Comunitat Valenciana, este derecho quedó en la práctica congelado durante once años. El Consell del Botànic decidió suspender de forma sucesiva los plazos de las expropiaciones rogadas mediante cuatro leyes de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera —las conocidas como leyes de Acompañamiento— aprobadas en 2016, 2018, 2019 y 2020, todas ellas modificando la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) de 2014.
La moratoria permitió a los ayuntamientos evitar durante años el pago de indemnizaciones millonarias, pero también dejó a numerosos propietarios sin una compensación efectiva por terrenos destinados a uso público.
- Vista aérea de València. -
- Foto: KIKE TABERNER
La sentencia del Constitucional y su impacto
El Tribunal Constitucional anuló en noviembre de 2023 este entramado normativo al considerar que vulneraba el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica. La sentencia cayó como un jarro de agua fría en muchos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, que se vieron obligados a reactivar de golpe expedientes paralizados y a hacer frente a millonarios pagos tras el fin de la moratoria.
En el caso del Ayuntamiento de València, el gobierno que preside María José Catalá ya advirtió entonces de que la resolución judicial “no era una buena noticia”, por el fuerte impacto económico que suponía para las arcas municipales. Finalmente, ese impacto se ha concretado en el pago de 46 millones de euros, con los que —según el consistorio— queda liquidada toda la deuda acumulada en expropiaciones rogadas durante los años de suspensión.
Críticas a la falta de planificación
Desde el área de Urbanismo, el concejal Juan Giner atribuye esta factura a la falta de planificación urbanística de Compromís y PSPV durante los años de moratoria. Según sostiene, en ese periodo apenas se activaron planes y unidades de ejecución que habrían permitido integrar los suelos dotacionales en desarrollos urbanísticos, evitando así el pago en metálico.
“Los 46 millones que el Ayuntamiento ha tenido que pagar son la expresión cifrada de la falta de planificación del gobierno del PSPV y Compromís, consecuencia de un discurso antiurbanista y trasnochado basado en que en València sobraba suelo tras la burbuja inmobiliaria”, afirma Giner.
El edil defiende que el anterior equipo de gobierno perdió la oportunidad "de transformar una parte sustancial de esos suelos dotacionales en motores de nuevos desarrollos residenciales, con cesiones obligatorias a la ciudad y más vivienda disponible". El concejal critica que en esos años se aprobaron "muy pocos planes urbanísticos" que permitieran generar cesiones de suelo y aprovechamientos suficientes como para compensar a los propietarios sin recurrir al pago en metálico.
Como ejemplo del modelo que, a su juicio, debería haberse aplicado antes, Giner cita el plan especial del entorno de San Miguel de los Reyes, impulsado por el actual gobierno municipal, que permite integrar suelos dotacionales en una unidad de ejecución, aumentar la edificabilidad y generar vivienda y dotaciones públicas sin recurrir a la expropiación rogada.
