VALÈNCIA. Basta con dar un paseo por la mayoría de barrios de València para constatar la presencia de viviendas turísticas. Portales con códigos numéricos, cajas de llaves en las fachadas y antiguos bajos comerciales reconvertidos en alojamientos forman ya parte del paisaje urbano. Sin embargo, poner cifras exactas a este fenómeno sigue siendo una tarea compleja. La disparidad de datos según la fuente consultada dificulta saber cuántas viviendas turísticas operan realmente en la ciudad.

Aun así, la comparación de las cifras oficiales del propio Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana arroja una conclusión: más de un tercio de los pisos turísticos que se anuncian actualmente en València lo hacen de forma ilegal.

Y es que los últimos datos disponibles del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la fundación municipal Visit València —correspondientes al mes de noviembre— cifran en 9.003 los apartamentos turísticos que se anuncian en la ciudad a través de internet. Esta plataforma recopila la oferta publicada en cuatro principales portales online: Airbnb, Booking, Tripadvisor y HomeAway.

Sin embargo, cuando se comparan estas cifras con el Registro Autonómico de Turismo de la Comunitat Valenciana, la diferencia es notable. En este registro, de inscripción obligatoria para operar legalmente, constan solo 5.952 viviendas de uso turístico en la ciudad. La brecha entre ambas fuentes revela que más de 3.000 pisos turísticos se están publicitando de manera ilegal, lo que supone más del 33% del total de la oferta visible en la red.

Más de 1.350 altas pese a la moratoria

Otro de los datos que subyace es que, pese a la moratoria de licencias para nuevas viviendas turísticas en la ciudad, que entró en vigor en mayo de 2024, el número de apartamentos inscritos de forma legal ha seguido creciendo. Desde entonces y hasta ahora, más de 1.350 pisos turísticos se han sumado al registro autonómico.

Este incremento de inscripciones pese a la moratoria se explica por la no retroactividad de la medida aprobada por el Ayuntamiento y por una aparente descoordinación entre administraciones. La suspensión de licencias, en vigor desde mayo de 2024, no afecta a las viviendas que ya habían iniciado su tramitación con anterioridad.

Además, para inscribirse en el registro autonómico, la Generalitat exige un certificado de compatibilidad urbanística que, según la ley autonómica, puede ser emitido no solo por el Ayuntamiento sino también por entidades privadas acreditadas (ECUV). En la práctica, esto ha permitido que algunos pisos obtengan ese certificado incluso después de la moratoria municipal y culminen su alta en el registro autonómico.

Un problema que tensiona los barrios

La expansión de las viviendas turísticas se ha convertido en uno de los asuntos que más están tensionando los barrios, especialmente en un momento de crisis habitacional, con precios del alquiler al alza y una oferta residencial cada vez más limitada. Vecinos y colectivos sociales alertan de que la conversión de viviendas —y especialmente de locales comerciales en planta baja— en alojamientos turísticos reduce el parque de vivienda habitual y acelera procesos de turistificación.

En este contexto, el equipo de gobierno municipal asegura estar reforzando la labor inspectora y ha reiterado haber clausurado alrededor de 1.000 apartamentos turísticos, aunque este dato responde a las órdenes de cese de actividad, un trámite administrativo que no implica necesariamente su retirada inmediata del mercado.

Menos oferta online

Los datos del SIT de Visit València también reflejan una reducción de la oferta de pisos turísticos anunciados en internet en los últimos meses. Entre junio y noviembre, el número de viviendas publicitadas ha pasado de alrededor de 10.500 a las 9.003 actuales, lo que supone una caída de aproximadamente 1.500 anuncios.

Este descenso coincide además con la entrada en vigor de la obligación desde el pasado julio de que todos los alojamientos turísticos cuenten con un número de registro oficial para poder publicitarse en plataformas digitales. El Ministerio de Consumo ha exigido la retirada de decenas de miles de anuncios que no cumplían esta exigencia legal en diversas comunidades autónomas, y la Justicia ha respaldado varias de estas actuaciones. De hecho, Airbnb ha eliminado de su web cerca de 65.000 anuncios en toda España que carecían de la licencia o código de registro obligatorio.

El PSPV señala un posible “maquillaje” en los datos

No obstante, desde el Ayuntamiento reconocen que durante este periodo también se han introducido cambios en el sistema de medición del SIT. Una explicación que no convence a la oposición: desde el PSPV han advertido de que estas modificaciones podrían estar “maquillando” los datos reales sobre la oferta turística en la ciudad. El concejal socialista Javier Mateo ha puesto en duda que la reducción de anuncios responda a un cierre efectivo de pisos ilegales por parte del Ayuntamiento. “Sospechamos que no han cerrado ni un solo piso turístico ilegal y que lo único que han hecho ha sido borrar esos anuncios de la plataforma para que los datos cuadren con su discurso político. No es una política de control, es una operación de maquillaje”, ha denunciado.

Mateo ha advertido además de que la negativa del gobierno municipal a detallar los cambios introducidos en el sistema de medición “solo refuerza la sospecha de que se están manipulando los datos para ofrecer una imagen falsa de la situación”. “Si el Ayuntamiento estuviera actuando con rigor y transparencia, explicaría qué se ha cambiado, por qué y con qué criterios”, ha concluido.

Mientras tanto, la disparidad de cifras y la todavía elevada presencia de oferta ilegal siguen evidenciando la dificultad de controlar un fenómeno que continúa creciendo y que tiene un impacto tanto en el modelo turístico como en el acceso a la vivienda en algunos barrios.