VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se ve obligado a devolver 469.448 euros de la subvención que recibió del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda al no haber justificado la ejecución de parte de la ayuda. En junio de 2023 el consistorio recibió un total de 1.609.074 euros por parte de la Generalitat Valenciana mediante el Decreto 79/2023 del Consell como parte del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Esta subvención tenía como objetivo proporcionar soluciones habitacionales inmediatas a colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género, personas desahuciadas de su vivienda habitual o personas sin hogar.
Sin embargo, el Ayuntamiento únicamente logró justificar un gasto de 1.139.626 euros, presentado oficialmente el 30 de enero de 2024 ante la sede electrónica de la Generalitat. Ante esta situación, la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda notificó al consistorio la obligación de reintegrar la parte de la ayuda no ejecutada. Una devolución de la que dio cuenta la última Junta de Gobierno Local.
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento han denunciado que "en plena crisis habitacional el Ayuntamiento no sea capaz ni siquiera de gestionar unas ayudas que ya tenía concedidas”. La concejala de Compromís, Lucia Beamud, considera "absolutamente inmoral" que el gobierno municipal haya perdido estos recursos estatales. "Es una muestra más de la falta de humanidad y de la incompetencia del gobierno municipal de PP y Vox", ha manifestado Beamud.
El portavoz del partido socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuán, también ha afeado al gobierno de María José Catalá que haya tenido que reintegrar parte de esta subvención por falta de ejecución. "Catalá no solamente está bloqueando todas las herramientas que tiene en su mano para rebajar el incremento de los precios de alquiler con la ley de vivienda sino que, además, es incapaz de gestionar los recursos que tiene para ayudar a que las personas más vulnerables encuentren en hogar", ha señalado Sanjuán.
Políticas "crueles"
Por su parte, la concejala socialista Maite Ibáñez ha criticado con dureza las políticas "crueles" de Catalá "con las personas que más necesitan de la ayuda de las administraciones" como son las víctimas de violencia de género o con las personas sin techo. Estas últimas, ha apuntado, "se están multiplicando en la ciudad como consecuencia de los recortes que ha emprendido desde hace dos años el gobierno del PP y de Vox". Ibáñez sostiene que "no solo han recortado más de 100 plazas para la atención social en la ciudad sino que ahora hemos certificado cómo el Ayuntamiento ha dejado perder casi medio millón de euros que debían de servir para poder buscar soluciones habitacionales para las personas más vulnerables. Una situación a la que se suma el cierre de la oficina municipal por el derecho a la vivienda”, ha finalizado.
En este sentido, la edil de Compromís, Lucía Beamud, también coincide en criticar el cierre reciente de recursos esenciales para personas sin techo, como el casal municipal situado en Rocafort, el centro del Carme y el de Benimàmet. “Este gobierno no solo no amplía servicios, sino que recorta los existentes, dejando a su suerte a quienes más lo necesitan”, ha denunciado. La concejala valencianista ha alertado, además, del aumento constante de la vulnerabilidad en la ciudad. "El precio del alquiler ha subido más de un 30 % y cada vez más familias no pueden hacerle frente sin ayuda externa", ha concluido.
