VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se arriesga perder hasta 135 millones de euros si finalmente no consigue aprobar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones e implantarla antes de que acabe el año. La decisión de Vox de retirar su apoyo a la propuesta de ZBE del PP de María José Catalá abre un escenario incierto en el que el edil de Movilidad, Jesús Carbonell, deberá negociar con la oposición a contrarreloj si quiere mantener los fondos europeos.
Y es que el paquete de financiación europea vinculado a la ZBE asciende, según fuentes municipales, a unos 57,8 millones de euros. Una cuantía que de no aplicarse las restricciones a vehículos contaminantes en la ciudad, el Ayuntamiento tendría que devolver. Además de ello, el consistorio podría enfrentar una sanción que alcanzase el 100% del importe de la subvención en función de los criterios que determine el Ministerio, lo que elevaría el impacto económico para las arcas municipales hasta los 115 millones de euros. Este es el dato que el propio equipo de gobierno ha trasladado a los grupos de la oposición, un umbral que contempla el reintegro de la ayuda más una sanción del 100% del importe.
Devolución de las ayudas al transporte
No obstante, a esa cifra habría que añadir las ayudas estatales al transporte urbano, que financian los descuentos previstos para 2025 y que dependen de que València cuente con una ordenanza de ZBE aprobada. Cabe recordar que el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente exige contar con una de estas áreas de tráfico restringido antes de final de año para poder recibir las ayudas al transporte del Gobierno. Por tanto, según estimaciones conservadoras, esto supondría para València la pérdida de otros 20 millones de euros si el edil de Movilidad no logra atar los apoyos necesarios para sacar adelante la ZBE en los próximos días.
Precisamente, tal y como avanzó hace unos meses el diario El País, un informe de la Abogacía del Estado respalda que Transportes pueda sancionar a aquellos municipios ‘incumplidores’ que hayan solicitado fondos para poner en marcha la infraestructura de ZBE y no la hayan implantado antes del 31 de diciembre de 2025. La Abogacía considera que aquellos que hayan incumplido la obligación de tener implantada una zona de bajas emisiones, podrían ser sancionados por la comisión de una infracción grave o muy grave, lo que puede conllevar una cuantía de dos y hasta tres veces la ayuda percibida.
Aunque se desconocen los criterios exactos que determinan qué se considera infracción grave o muy grave, si València recibiese una sanción de tres veces la ayuda percibida, esta cifra se elevaría por encima de los 250 millones, una hipótesis con la que no trabaja el consistorio.
Pocos días para recabar los apoyos
Según el calendario previsto, y teniendo en cuenta que la ZBE es una normativa que debe pasar un plazo de exposición al público, tan solo le quedan unos días de margen al edil de Movilidad para negociar con la oposición si quiere aprobar la ordenanza, puesto que Vox ha anunciado que no respaldará ningún proyecto de restricción al tráfico.
Una negociación que se prevé complicada a tenor de las intervenciones en el pleno de este martes. El PP estaría dispuesto a ampliar el perímetro de la ZBE, como pide la oposición, y así lo expresó el propio Carbonell para intentar forzar una abstención del PSPV. No obstante, no quiere negociar el avance en el calendario de sanciones a los vehículos contaminantes ni añadir a las restricciones a los vehículos con etiqueta B, un extremo que la oposición considera indispensable y sobre el que le han solicitado a Carbonell una propuesta concreta. Desde la oposición consideran que la actual ZBE "de mínimos" se ha elaborado para "contentar a Vox" y sostienen que no la respaldarán si no se transforma en una ZBE "de verdad efectiva". Con todo, se abre un escenario incerto en el que el reloj corre en contra del Partido Popular en el consistorio.
