VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València llevará al próximo pleno de marzo una modificación de créditos por valor de 55 millones de euros. Se trata de la segunda modificación de este año, a través de la cual el gobierno municipal prevé incorporar 34,6 millones de euros que provienen principalmente de remanentes y superávit de 2024 y 2025 y reajusta otros 20,3 millones de partidas ya existentes. La operación cuenta con la disconformidad parcial de la Intervención municipal, que incluye reparos por el uso de parte del superávit, en concreto de 11,3 millones.

Entre las principales partidas de la modificación, destacan cerca de 11 millones de euros destinados a la reducción del precio de los títulos multiviaje de la EMT en 2025 y 2026, así como 2 millones para cubrir necesidades de personal en la Policía Local o 1 millón para programas de bienestar social. También se contemplan transferencias como los 600.000 euros para la Junta Central Fallera o ayudas para el suministro de agua en las pedanías afectadas por la Dana.

Incluye también más de 8 millones de euros para la red de agua potable, inversiones en el servicio de bomberos o fondos para expropiaciones urbanísticas. A ello se suman más de 2 millones para inversiones derivadas de presupuestos participativos.

Financiación de la compra de autobuses eléctricos

La modificación también incorpora una operación que supone el cambio de la fuente de financiación de parte del Plan Director de la EMT. En concreto, consiste en una anulación de 18 millones de euros que ya estaban consignados en el presupuesto para la adquisición de autobuses eléctricos, con el fin de volver a dotar esa misma cuantía utilizando ahora el superávit de los ejercicios 2024 y 2025. Mediante este "ajuste de caja", el Ayuntamiento libera los fondos originales para destinarlos a otras necesidades de la presente modificación de créditos, mientras que la inversión en los autobuses pasa a financiarse con el superávit de años anteriores como Inversión Financieramente Sostenible (IFS), un movimiento que ha suscitado en parte el reparo de la Intervención, al apuntar que dicho superávit debería priorizar la reducción de la deuda como establece la ley.

En cuanto a la financiación global, la modificación combina distintas fuentes. Incorpora 34,6 millones de euros de nuevos recursos, procedentes principalmente de remanentes y superávits: 12,2 millones de remanentes con financiación afectada, 11,1 millones del superávit de 2024 y 11,3 millones del superávit de 2025, además de 712.000 euros del Fondo de Contingencia. Por otro, se completa con 20,3 millones obtenidos mediante bajas en el presupuesto vigente, es decir, mediante la reasignación de créditos ya existentes. Estas bajas proceden en buena medida de operaciones como la descrita en la EMT, así como de ajustes en subvenciones nominativas y en otras partidas con crédito no ejecutado.

La intervención advierte de que parte de estos movimientos no está aún completamente contabilizada, por lo que la efectividad de algunos suplementos de crédito queda condicionada a su correcta formalización. Más allá de las cuestiones técnicas, el principal reparo del órgano fiscalizador se centra en el uso del superávit de 2025. Según la normativa vigente, estos fondos deben destinarse prioritariamente a la amortización de deuda.

Cabe recordar que el marco legal de estabilidad presupuestaria vuelve a estar plenamente vigente tras el periodo de suspensión excepcional aplicado entre 2020 y 2023. Durante esos cuatro años, la activación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad de la UE permitió dejar en suspenso las reglas fiscales para facilitar el gasto extraordinario derivado de la pandemia y la crisis energética. Sin embargo, desde el ejercicio 2024 vuelve a ser de obligado cumplimiento el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, que establece que el superávit presupuestario debe destinarse prioritariamente a la reducción del endeudamiento neto. Por ello, al intentar el consistorio financiar gasto corriente e inversiones con 11,3 millones de euros del superávit de 2025 en lugar de destinarlos a amortización bancaria, la Intervención expresa su disconformidad.