VALÈNCIA. Visto para sentencia está el litigio abierto en torno a las fichas urbanísticas del Nou Mestalla aprobadas por el Ayuntamiento de València, el nuevo marco urbanístico para la finalización del nuevo estadio en la avenida Cortes Valencianas y el derribo del antiguo, sito en la avenida Aragón. La asociación Libertad VCF, muy crítica con la gestión del máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, recurrió en la vía contencioso-administrativa

Tras presentar sendos escritos de alegaciones tras el recurso, tanto del Ayuntamiento de València como del club che, la asociación ha registrado su escrito de conclusiones ante la Sección Primera de la Sala de lo contencioso del TSJ, donde defiende la existencia de incumplimientos en el plan urbanístico, por ejemplo, respecto a la cantidad de vivienda protegida, al hotel "icónico" al que se comprometió el Valencia, a las reservas de aparcamiento, y otras cuestiones como la ausencia de acreditación de la viabilidad económica de la actuación.

Uno de los aspectos denunciados por la asociación es que el plan urbanístico no tenía en cuenta la obligatoria reserva de vivienda protegida en los casi 76.000 metros cuadrados de edificación residencial contemplada. Al respecto, el Ayuntamiento defiende que cuando se aprobó la ATE, la herramienta urbanística aprobada en 2012 y que se ha modificado, no era "exigible" esta reserva por parte de la normativa, mientras que el Valencia CF asegura que en la modificación aprobada por el consistorio no afecta a esta cuestión, por lo que no es recurrible ahora, y que en todo caso, tampoco sería exigible la mencionada reserva porque la ATE tenía una finalidad "ajena al uso residencial" y estaba centrada en la construcción del nuevo estadio.

Sobre esto último, en su escrito de conclusiones, la asociación apunta que "una cuestión es el uso predominante del suelo (y este indudablemente es residencial [...]) y otra bien distinta es el objetivo del planeamiento". "Pareciera ahora que no se pretende edificar ni una sola vivienda en el ámbito, insólito", llega a ironizar al respecto. Además, recuerda que según el Tribunal Supremo, la obligación de la reserva existe "con independencia" del instrumento urbanústico que se apruebe. A su juicio, el argumento del Ayuntamiento es "errático y hasta tendencioso" porque la reserva está fijada en la legislación estatal, que "no puede ser inobservada" ante el "vacío regulatorio" de la ley autonómica. Y recalca que el hecho de que la "ilegalidad" ya existiera en la ATE es "intrascendente" porque no debe "mantenerse" en los planes posteriores, que -insiste- deben cumplir la normativa.

Otra cuestión sobre la mesa es la construcción del hotel icónico de la avenida de Aragón al que el Valencia CF se comprometió en la ATE pero que nunca se ha llegado a construir y que, parece, se 'diluye' en el actual plan urbanístico. El club che y el consistorio achacan la responsabilidad al propietario de la parcela, la firma HCG Levante, que es quien debe pedir las licencias, mientras que esta cuestiona su obligación de llevar a cabo el hotel prometido en su momento por el Valencia. La asociación, por su parte, insiste en que la resolución anticipada de la ATE, aprobada por la Generalitat Valenciana por los incumplimientos del club, no solo caducó la herramienta urbanística sino que también "determinó ciertas condiciones de gestión de necesaria observancia", entre ellas la edificación de este establecimiento hotelero.

Se trata de unas condiciones que, recalca Libertad VCF, "simplemente se pretenden evitar a través del establecimiento de una fichas de gestión que no se adecúan al acuerdo del Consell, pese a que se defiende lo contrario". "El VCF dice una cosa y hace la contraria. El Ayuntamiento de Valencia, a través del acto administrativo impugnado, se lo permite", afea la asociación, que insiste en que resulta "indiferente" si hoy por hoy ese compromiso es exigible al club y que debería fijarse como requisito independientemente de a quién le toque cumplirlo. Al final, defiende, el cumplimiento de estas condiciones son las que verifican el "interés general a proteger", y "eliminarlas o disminuirlas es ir en contra de este. Además, cuestiona que se hayan disminuido las garantías exigibles al club al permitirle obtener la licencia "en forma distinta y mucho más ventajosa para los particulares" que la que fijó en su momento la Generalitat Valenciana.

También se refiere el litigio a las dotaciones de aparcamiento, parte de las cuales, situadas en el subsuelo de futuros centros educativos, cuestiona la asociación, además de denunciar que se incumplen los estándares de plazas para carga y descarga y que no hay un estudio de necesidad que justifique las dotaciones. El Ayuntamiento defiende que el plan de movilidad de la ATE fijó una reserva mínima que arrojaba un total de 1.094 plazas, pero la asociación insiste en que, para la modificación del plan, "no se redactó un estudio de aparcamientos como exigía el propio acuerdo plenario" del Ayuntamiento y que en el expediente no queda acreditado el cumplimiento de los estándares, "como ya reflejaron los servicios técnicos municipales". El club reconoce el incumplimiento sobre las plazas de carga y descarga si bien asegura que se pueden ubicar "en un momento posterior", y que las plazas en el subsuelo de colegios están permitidas siempre que no dificulten el uso educativo.

Por otro lado, la asociación denuncia el incumplimiento de la normativa porque los informes de viabilidad económica estarían vacíos de "contenido material y real", y en el caso de la memoria de sostenibilidad, era "mera literatura", "simplista y estereotipada", y por tanto "no es válida". Apreciaciones que a juicio del Ayuntamiento son subjetivas. La asociación pone de relieve, por ejemplo, que los costes de mantenimiento de las dotaciones públicas se mantengan invariables en los cálculos de 2014 y los de 20214. "Es bien obvio, que aunque la superficie dotacional pueda ser igual, el coste de su mantenimiento habrá aumentado -como todo en la vida-, y el instrumento de planeamiento propuesto no justifica ni analiza tal incidencia", ejemplifica, para denunciar la afirmación de que el alza de los costes se cubrirá con mayores ingresos por la subida del mercado inmobiliario: "Carece de una acreditación seria y rigurosa".

Libertad VCF tampoco considera suficiente la memoria de viabilidad financiera al considerar que el apartado de ingresos "carece de rigor" por no contemplar la reserva de vivienda protegida exigible y no recoger este impacto -sus precios son limitados-. El club, a este respecto, insiste en que dicha reserva "no existe ni tiene que existir", algo que no considera la asociación, quien cree que esta reserva "compromete la viabilida de la actuación".