VALÈNCIA (EFE). Los vecinos de la pedanía de Pinedo han presentado este lunes un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para reclamar que actúe en cumplimiento de la sentencia que obliga al cierre de la depuradora, tras casi cinco meses desde que pidieran su ejecución forzosa.
El abogado de los vecinos, Santiago Rodríguez, ha explicado a EFE que se trata de un escrito de "impulso procesal" con el que pretenden que "se dé algún paso" en la ejecución de la sentencia, cuya ejecución, ha recordado, reclamaron ante el juzgado el pasado 26 de noviembre.
Desde entonces, el TSJCV ha dictado algunas resoluciones y dio un plazo a las partes para presentar alegaciones pero, según el letrado, "no se ha movido el expediente" para resolver sobre el propio cierre de la depuradora que dicta la sentencia.
Los vecinos reclamaron la "ejecución forzosa" de la sentencia del TSJCV tras más de dos años y el tribunal dio un plazo que concluía el 20 de diciembre para que las Administraciones implicadas -elAyuntamiento y la Generalitat- presentaran sus alegaciones y explicaran cómo se cerraría la planta de Pinedo.
En su escrito, la Conselleria de Medio Ambiente explicaba que la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que gestiona la depuradora, iba a invertir 25 millones de euros para aplicar medidas correctoras por los olores, ruidos y emisiones por la depuradora, así como el tráfico pesado.
Igualmente, la Conselleria alegaba que el plan especial del que carece la depuradora, pertinente en este tipo de instalaciones, estaba "a punto de evaluación ambiental" para "subsanar" esta deficiencia, informaba de los perjuicios que supondría un eventual cierre de la depuradora y dijo que el cierre se pidió al Ayuntamiento.
Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, indicó en ese momento que el cierre de la depuradora no correspondía al Consistorio porque la depuradora es dependiente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y está gestionada por la Epsar.
Ribó recalcó que el Plan de Acción Territorial de la Huerta previsto iba a "levantar todas la suspensiones de licencias", una de las reivindicaciones vecinales, y destacó proyectos en fase de estudio, como cambiar la zona de ampliación de la depuradora a la ZAL, algo técnicamente posible pero que había que ver cómo hacerlo jurídicamente.
Además, hizo hincapié en que estudiaban si era posible una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los vecinos de Pinedo, así como Ayudas de Regeneración y Reurbanización Urbana (Arru) para "compensar" las molestias y pérdidas sufridas durante 40 años por la depuradora.