VALÈNCIA. (EFE) Decenas de vecinos de Godella se han manifestado este lunes a las puertas de Les Corts Valencianes en protesta contra la destrucción del bosque periurbano de la Torreta del Pirata que supone el PAI de la Cañada de Trilles, que construirá 447 viviendas en "la última zona verde" de esta localidad de la comarca de l'Horta Nord.
En una concentración organizada por la Asociación de Vecinos Salvem la Torreta, a la que ha asistido la síndica de Unides Podem en Les Corts, Pilar Lima, los manifestantes han reclamado la paralización de las obras para "salvaguardar la flora y fauna" de la zona.
"En dos semanas de obras se ha arrasado con todo ser vivo de las quince hectáreas de bosque", ha lamentado el portavoz de la asociación, Jesús Pancorbo, que ha explicado que la actuación urbanística data de 2004, se aprueba en 2006 y, como no se ejecutó por la crisis de 2008, en 2016 se trató de darlo por caducado. Pero este trámite municipal, ha detallado, se hizo fuera de plazo, lo que lo invalidó: "Y eso a pesar de que el Síndic de Greuges ha advertido al Gobierno municipal de que debe dar por caducado el PAI".
Ante ello, el Ayuntamiento decidió prorrogar y ejecutar el plan urbanístico, si bien Pancorbo ha criticado lo que ha considerado escasa transparencia del consistorio sobre el coste de la decisión. "Desde Compromís, una de las partes del Gobierno, se decía que caducar el PAI costaría 6 millones de euros, y ahora el PSPV dice que costaría 150", ha denunciado.
Asimismo, ha resaltado que la asociación de vecinos ha entregado "miles de firmas" sin respuesta y ha presentado 400 alegaciones pero "sin que ninguna de ellas haya derivado en alguna medida correctiva".
Por su parte, la también portavoz de la asociación, Cristina Azpitarte, ha considerado que en Godella "no se necesitan casi 500 viviendas nuevas". "Dicen que si no ejecutan el PAI tendrán que pagar una indemnización, pero el incumplimiento es del Ayuntamiento, no es problema de los vecinos", ha afirmado Azpitarte, que ha concluido que "el interés general está por encima del negocio". Además, ambos representantes vecinales han criticado la "criminalización" de la protesta: "Han denunciado a vecinos, pero, ante una aberración como esta, la gente estalla".
Por su parte, la teniente de alcalde de Godella, Tatiana Prades, ha afirmado que la ciudadanía desconoce el proyecto que, ha dicho: "No es una invención de ahora, sino que el Plan General de Ordenación Urbana de los 90 ya decía que ese es terreno urbanizable". "No ha sido nunca una zona protegida, la Torreta no es Bien de Interés Cultural, ni de Relevancia Local", ha advertido, y ha asegurado que el PAI cuenta con "muchos informes a favor".
Ha agregado que el Ayuntamiento ha negociado con el agente urbanizador para mejorar el proyecto: "Hemos pactado la construcción de 53 viviendas de protección oficial, la reposición de los árboles más grandes y la construcción de vías peatonales y de calzada única".
"Si fuera por nosotros, nunca hubiéramos desarrollado la zona, pero los terrenos no son propiedad del Ayuntamiento, tienen propietarios y la ley está de su parte", ha defendido, y ha cifrado en 50 millones de euros lo que costaría comprar el terreno a sus dueños "en el caso de que lo quisieran vender". "No podemos hipotecar el Ayuntamiento de Godella, porque eso supondría quedarnos sin servicios", ha afirmado.