VALÈNCIA (EP). La Asociación de Vecinos San Antonio, en el distrito de
Zaidía de València, ha recogido más de 1.000 firmas contra el macrohotel proyectado por una firma privada en las naves situadas en la calle Guala, en las naves situadas en el patio interior de distintos edificios de viviendas ubicados en este entorno.
La entidad vecinal presentará esta semana esas firmas, un total de 1.023, al Ayuntamiento de la ciudad con el objetivo de proteger esas construcciones, antiguas naves industriales que "cuentan con valor patrimonial, social e histórico según los informes oficiales de varios expertos", ha indicado la asociación en un comunicado.
Los vecinos consideran que estos inmuebles son "el espacio idóneo para dotar al barrio de servicios municipales esenciales de los que actualmente carece".
El colectivo vecinal ha apuntado que además de buscar la protección de las naves, las firmas buscan reclamar al consistorio la modificación
del planeamiento urbanístico de la zona para que esas construcciones puedan destinarse "a equipamientos y servicios municipales".
La asociación ha afirmado que estas rúbricas son "un paso más en la lucha que los vecinos de esta zona de la ciudad mantienen desde el anuncio del proyecto --de macrohotel-residencia para estudiantes-- en julio de 2021".
La entidad ha asegurado que en esa fecha comenzaron las movilizaciones para "demostrar" que la ejecución de ese establecimiento "pondría en serio riesgo la convivencia de los vecinos del barrio y el mantenimiento del tejido social y comercial de la zona".
La Asociación de Vecinos San Antonio ha recordado que el pasado 27 de diciembre, la empresa promotora de "la macro residencia de estudiantes intentó derribar las naves" y ha destacado que esta acción "se consiguió paralizar por la acción vecinal, que alertó a la Policía Local y a la Autonómica del inicio de obras sin licencia en el recinto".
Asimismo, ha comentado que ese "derribo sin autorización" coincidía con "una reunión en el Ayuntamiento de València entre la administradora de la empresa Inversiones Gran Valencia 2005 S.L. y el alcalde, Joan Ribó", para abordar este asunto.
La entidad ha afirmado que el movimiento vecinal "no se ha detenido" y ha expuesto que en el inicio de 2023 y en el marco de la campaña 'Salvem les Naus de Guatla' ha instalado mesas informativas en la zona --coincidiendo con actos festivos de Sant Antoni Abad, ha precisado -- mediante las que se ha conseguido "el respaldo masivo del vecindario" al recoger "más de 1.000 firmas solicitando la protección de las naves industriales".
La asociación de vecinos ha anunciado que el próximo viernes algunos de sus representantes acudirán a una reunión en la Dirección General de Cultura en la que exigirán para las naves "la restitución a la situación anterior a las obras de demolición de los azulejos y el panel cerámico religioso de la Virgen de la Cabeza de 1935" que había en estas edificaciones.
La entidad ha afirmado que este panel está "catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL)" y ha señalado que esos elementos fueron "extraídos mediante un informe favorable de la Dirección Territorial de Cultura basado en una licencia de derribo que finalmente fue denegada por el Servicio de Disciplina Urbanística" municipal.
Los vecinos han manifestado también que siguen "de cerca" la orden dada a la propiedad de las naves por este departamento del consistorio el pasado 29 de diciembre para "que se procediera, en el plazo de siete días, a la reconstrucción de parte del muro de entrada indebidamente demolido". Han recordado que "en caso de incumplimiento" se planteaba "la imposición de hasta diez multas coercitivas de periodicidad mínima mensual" o la "ejecución subsidiaria a través de empresas contratistas municipales y a costa de la promotora".
La Asociación de Vecinos San Antonio-Zaidía ha mostrado su preocupación "por la posibilidad de perder" estas naves, "testigos de una época industrial y de la huerta de València". La entidad ha indicado que comparte lo expresado recientemente por la Federación de Asociaciones de Vecinos de València respecto a este asunto: "las políticas tienen que priorizar lo público, la habitabilidad
y la convivencia".