VALENCIA, (EP). El despacho Domingo Monforte Abogados Asociados, que defiende al investigado en el 'caso Imelsa' José Adolfo Vedri, ha recalcado que entre 2004 y 2015, la facturación del grupo Engloba con la Administración valenciana "no ha supuesto más del 11 por ciento del total" después de que algunas informaciones apunten a adjudicaciones presuntamente amañadas que obtuvo el empresario tanto del anterior Consell como de empresas dependientes de la Generalitat, Diputaciones de Valencia y Alicante y el Ayuntamiento de la capital del Turia, por encima de los 30 millones de euros.
Así lo ha indicado en un comunicado el despacho de abogados de Vedri, detenido en la Operación Taula en el marco del 'caso Imelsa', tras "las informaciones en relación a posibles adjudicaciones irregulares de contratos con administraciones valencianas.
Al respecto, ha explicado que la facturación del grupo en el ámbito privado fue de un 85 por ciento y el 15 restante correspondió a los trabajos realizados para administraciones públicas del ámbito nacional.
En el comunicado, han señalado que el grupo empresarial, "con más de 25 años de experiencia, aglutinaba empresas, especializadas en diferentes áreas de comunicación para ofertar servicios globales al mercado, tanto a clientes privados como institucionales".
Además, han sostenido que "cada empresa ofrecía servicios especializados en fotomecánica, edición y maquetación, central de servicios gráficas, industria de impresión, eventos, comunicación y relaciones públicas, diseño y branding, marketing, asesoramiento estratégico, comunicación interna, publicidad y medios, desarrollo de páginas web, editorial, redes sociales, empresa digital y publicidad on".
Concretamente, ha puntualizado que entre 2004 y 2015, el grupo desarrolló trabajos para "más de mil empresas privadas nacionales e internacionales". Por tanto, ha recalcado que en estos 11 años "su volumen de facturación en el ámbito privado fue de un 85 por ciento y el 15 restante correspondió a los trabajos realizados para administraciones públicas del ámbito nacional".
En esta etapa, ha continuado, "el trabajo realizado a empresas públicas y organismos oficiales de la Generalitat Valenciana no ha supuesto más del 11 por ciento de su facturación" y este porcentaje "incluye la participación en la UTE de la 'Campaña de Comunicación global sobre la Oferta Turística de la Comunidad Valenciana', de 2010 a 2015.
Asimismo, ha sostenido que en este periodo, "Engloba contó con una plantilla de más de 150 trabajadores de diferentes perfiles profesionales, que desarrollaban su trabajo en las delegaciones abiertas en Valencia, Castellón, Murcia, Alicante y Madrid" y han apuntado que, actualmente, y "como consecuencia de la crisis económica en la que se encuentra inmersa el país", el grupo se ha reducido a dos empresas "tras escisiones, liquidaciones y absorciones ajustadas a ley", que son Bussines loft y Engloba Marketing SL.
Asimismo, en el comunicado, la defensa de Vedri ha asegurado que es "absolutamente falso que el empresario esté siendo investigado por una presunta financiación ilegal del PP" y, por tanto, ha argumentado que calificarlo como "financiador y recaudador de las cajas B" de esta formación es "acusarlo de un delito inexistente".
En este sentido, ha advertido de que "se iniciarán las acciones legales pertinentes contra aquellos que continúen utilizando esta terminología".
También ha sostenido que el secreto sumarial en el que se encuentra la investigación "limita a las posibilidades de ofrecer y contrastar los datos e informaciones que están apareciendo en los medios de comunicación".