FOTO: EFEVALÈNCIA. (EP). El empresario Vicente Cotino --sobrino del exvicepresidente del Gobierno valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino-- se ha negado a declarar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la presunta financiación irregular del PP, la causa conocida como 'papeles de Bárcenas' o 'caja B'.
Citado como imputado, Cotino ha llegado a la sala de declaraciones unos quince minutos antes de la hora a la que estaba convocado, las doce del mediodía, y, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, no ha querido contestar a las preguntas del magistrado o del fiscal Antonio Romeral.
El empresario valenciano ha abandonado la Audiencia Nacional poco después de la una de la tarde sin hacer ninguna declaración a los medios de comunicación que esperaban a la salida.
Cotino fue condenado el pasado junio a un año y tres meses de cárcel (que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros) tras un acuerdo alcanzado con la Fiscalía durante el juicio por las actividades de la trama Gürtel en Valencia. Izquierda Unida formuló esta petición tras conocerse la detención de Cotino en el marco de la 'operación Erial' dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, en la que también fue detenido el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. La acusación expuso entonces que Cotino está al frente de la empresa Sedesa, la cual aparece entre las donantes del PP de acuerdo con la contabilidad 'b' que llevaba el extesorero de la formación.
Junto con otros ocho empresarios, Cotino reconoció entonces que había financiado ilegalmente al PP valenciano en campañas electorales a través de pagos ficticios a empresas de la red liderada por Francisco Correa.
Después de Cotino les ha tocado el turno de declarar, esta vez en calidad de testigos, a José Luis Montesinos, exdirector general de la empresa Constructora Hispánica, y la exdiputada Carmen Rodríguez Flores.
Ricardo Costa también fue condenado en el mismo procedimiento a cuatro años de prisión aunque se le aplicó la atenuante de confesión o colaboración activa tras exponer durante la vista oral que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) se financió de forma irregular.
El pasado mes de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 prorrogó la investigación de esta causa hasta el 28 de agosto de 2020 debido a la "gran cantidad de investigados", tanto personas físicas como jurídicas e incluso no descartó que exigiera la realización de pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis.
El año 2018 será recordado como el año que Camps declaró tres veces como investigado por sendos casos de corrupción
