Vivienda destina 3,5 millones para bajar el alquiler de las familias en riesgo de exclusión social 

VALÈNCIA. La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de l´Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), ha destinado desde julio de 2019 un total de 3.578.293 euros en aplicar bonificaciones para reducir los alquileres de 2.857 familias en situación de vulnerabilidad que residen en viviendas del parque público de la Generalitat.

La Conselleria establece unos alquileres sociales a los inquilinos de viviendas públicas. Sin embargo, esas rentas pueden reducirse a través de un sistema de bonificaciones, en las que se tiene en cuenta los ingresos y el número de miembros de la unidad familiar. En muchos casos esa bonificación alcanza hasta el 90% del total.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha destacado la importancia de estas políticas públicas de bonificaciones que permiten "dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía, que es acceder a un hogar asequible".

Asimismo, ha asegurado que como institución pública, "es nuestro deber proteger a las personas que, por diferentes circunstancias, les es imposible acceder a una vivienda en el mercado libre". De ahí, "nuestra responsabilidad de ayudar, a través de distintos mecanismos, y adecuar los alquileres con carácter social según las realidades de cada unidad de convivencia".

En estos dos años de legislatura, la aplicación de estas bonificaciones ha beneficiado a 2.857 familias de la Comunitat, de las que 1.627 corresponden a la provincia de Valencia, 971 a la de Alicante y 259 a la de Castellón.

Por lo que respecta al importe total de esas bonificaciones, que asciende a 3.578.293 euros, la distribución por provincias es la siguiente: 2.002.769 euros en la de Valencia, 1.213.089 euros en la de Alicante y 362.434 en la de Castellón.

Para dar a conocer estas bonificaciones, la Conselleria de Vivienda lleva a cabo campañas informativas dirigidas a los residentes de las viviendas públicas. En ellas se explican las medidas implantadas para flexibilizar el pago de las rentas de las personas con menos recursos. A continuación, se estudia la situación de cada familia y se aplica la reducción que le corresponde.

Colaboración de los servicios sociales

Para llevar a cabo estas acciones es fundamental la colaboración de los servicios sociales municipales puesto que son los que elaboran los informes sociales de las familias y conocen sus situaciones y necesidades.

Las bonificaciones se establecen por un periodo de dos años. Después, se revisan las condiciones socioeconómicas de la unidad de convivencia para ajustar la bonificación.

Esta medida se enmarca dentro de un plan de dignificación de vivienda que incluye medidas de choque para gestionar y mejorar el parque público de vivienda de la Generalitat, respondiendo así a la vocación social y de rescate de las personas del Consell.

Martínez Dalmau ha destacado que este desembolso en la aplicación de bonificaciones "refleja el esfuerzo del Gobierno valenciano en llevar a cabo un cambio de modelo en la gestión de las políticas de vivienda", donde lo importante es "ayudar a las personas a tener un proyecto de vida a través de una vivienda digna".