VALENCIA, (EP). La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha eliminado los requisitos para acceder a las ayudas públicas al alquiler referentes a la superficie del inmueble y al tamaño de la población en la que viven los beneficiarios en la convocatoria de 2016. Asimismo, ofrecerá por primera vez ayudas propias a la rehabilitación por valor de 2,5 millones de euros, que se añadirán a las que aporta el Estado y en total podrán ascender a 4.000 euros por edificio.
Así lo ha explicado la consellera responsable de este área, María José Salvador, este miércoles en una rueda de prensa junto a la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró. Salvador ha detallado que su departamento gestionará más de 26 millones de euros en ayudas para alquiler y rehabilitación: 7,9 que aporta el Estado para ayudas al alquiler; otros 16 también del Estado para rehabilitación, a los que se suman los 2,5 adicionales que aporta conselleria.
La titular de Vivienda ha destacado que, con respecto a estas ayudas, que "el anterior gobierno dejó de pagar en 2009", los solicitantes "pueden estar tranquilos" porque "las van a cobrar". No obstante, no ha concretado cuándo se resolverán, porque "es complicado con todos los pagos que se han de efectuar", aunque sí ha señalado que "no se va a tardar cinco o seis años" como antes.
Las ayudas al alquiler subvencionarán recibos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y podrán ser de hasta un 40 por ciento del coste, con un máximo anual de 2.400 euros. Para acceder a estas ayudas, los ingresos totales de los residentes de la vivienda no podrán ser superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Las subvenciones están dirigidas a todo tipo de personas con contrato de alquiler. Dentro de los beneficiarios, los afectados por desahucio, los jóvenes menores de 30 años, las familias monoparentales, las personas con diversidad funcional superior al 33 por ciento, las mujeres víctimas de violencia de género y los jóvenes extutelados tendrán más puntos en la baremación mediante la cual se concederán las ayudas.
Por su parte, las ayudas a la rehabilitación de la vivienda tendrán tres líneas: obras de conservación, como la estructura de edificios, fachadas y tejados; obras de sostenibilidad, para mejorar la calidad térmica del edificio y la instalación de energía renovable y obras de accesibilidad, para la instalación de ascensores y rampas adaptadas.
Las ayudas que provienen del Estado podrán ascender a un 35 por ciento del coste de las obras con un máximo de 2.000 euros para conservación y sostenibilidad y de 4.000 euros para accesibilidad. Asimismo, las ayudas de la Generalitat aportarán un 10 por ciento adicional, hasta llegar a los 4.000 euros.
Para optar a las ayudas, los edificios tendrán que ser de residencia colectiva y haber sido construidos antes de 1981, y por lo menos el 70 por ciento de los propietarios tienen que tener su vivienda habitual en el inmueble. Asimismo, las ayudas adicionales estarán destinadas a casos donde el 60 por ciento de los propietarios del edificio tengan unos ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM.
El plazo de solicitud de las ayudas será de un mes desde que se haya convocado la orden en el DOCV que, según Salvador, será "a finales de esta semana o la próxima".
Salvador ha destacado la apuesta del ejecutivo valenciano por la rehabilitación de viviendas porque considera que este sector es "un vector del nuevo modelo económico". "Por cada empleo que se genera en obra nueva, se generan tres en rehabilitaciones, por lo que es un sector que impulsa y reactiva la economía", ha agregado.
La titular de Vivienda también ha valorado el "esfuerzo y trabajo intenso" que ha realizado la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana que, en su opinión, ha tenido "dificultades" para "resolver la situación" que han heredado del anterior Consell.
En este sentido, Torró ha señalado que es un "gran esfuerzo" sacar esta línea de ayudas porque su departamento ha heredado del anterior gobierno impagos de ayudas por valor de 240 millones de euros, más una deuda de 40 millones de euros en la resolución de las resoluciones 501; además de los expedientes sin resolver que "han encontrado en los cajones" por un total de 60 millones de euros.
