VALÈNCIA. La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, que dirige Rubén Martínez Dalmau, estudia junto con la concejalía de Vivienda de València, liderada por Isa Lozano, poner en marcha un plan de realojos para las familias y grupos que mantienen okupadas viviendas públicas de los Bloques Portuarios. El planteamiento surgido desde la administración autonómica tiene como finalidad reubicar a los okupas irregulares, en muchos casos familias vulnerables y con menores a su cargo, en otras viviendas públicas con alquiler asequible.
El programa, que se encuentra todavía en fase de estudio y maduración, se aplicaría de manera puntual en los Bloques Portuarios -no en otros enclaves-, dado que el futuro de estas fincas pasan por el derribo y su reedificación. El primer paso planteado en la Conselleria pasa por dotar a la empresa pública Plan Cabanyal -participada por la Conselleria y el Ayuntamiento- de equipos de intervención social para que trabajen junto a los Servicios Sociales municipales con el propósito de hacer una fotografía de la realidad social de estos ocupantes.
"Se trataría de estudiar su situación caso por caso", explican fuentes autonómicas a preguntas de este diario, y a partir de ahí, buscar viviendas públicas disponibles que pudieran adaptarse a cada situación concreta. Aunque la Conselleria de Vivienda y concretamente la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) ya se han comprometido a aportar inmuebles de su propiedad para las reubicaciones, se hará con la colaboración de la administración municipal, que también aportaría viviendas del consistorio.
"Entraremos en el plan de realojo junto a los actores principales, que son Plan Cabanyal y el EVha", dicen en el ayuntamiento
Las viviendas de destino serían, por tanto, públicas y previsiblemente en régimen de alquiler. Un sistema en el que lo ideal, aclaran las mencionadas fuentes, es que cada administración aportara vivienda en proporción a la cantidad de inmuebles que tiene okupados en los Bloques. En el Ayuntamiento han confirmado que participarán de este programa. "Entraremos en el plan de realojo junto a los actores principales, que son Plan Cabanyal y el EVha", aseguran en este sentido desde la concejalía que dirige Lozano. "Todas las partes tenemos la voluntad de aportar soluciones", concluyen.
Este programa no es más que la solución que pretenden poner en marcha ambos departamentos como paso previo al futuro de los Bloques Portuarios. Con 168 viviendas, estos edificios de mediados del siglo XX no están pintados en la ordenación urbanística y su progresiva degradación ha hecho a las administraciones tomar la determinación de echarlos abajo y reubicar a los propietarios. Del total de inmuebles, 91 son de propietarios privados y 77 son inmuebles públicos -36 de la Generalitat Valenciana, 7 del Ayuntamiento y 34 de la empresa Plan Cabanyal-.
De esta manera, los inmuebles de propiedad privada se trasladarán a un nuevo edificio que se quiere construir en sustitución de los Bloques en la calle Astilleros. Operación que ya ha dado sus primeros pasos, como publicó este diario. Por el momento, en el consistorio se ha habilitado el crédito necesario para la redacción del proyecto de la nueva edificación. Tras la licitación correspondiente y la elaboración del proyecto, deberán licitarse las obras, para finalmente ejecutarse. El proceso se antoja para varios años y no será antes de que esté construida la nueva finca cuando se derriben los Bloques.
El derribo de los bloques tendrá lugar una vez levantado el nuevo edificio para los propietarios privados
Hasta entonces, hasta el derribo, la administración tiene de tiempo para este plan de realojos de los okupas de las viviendas públicas. Durante este período, y de salir adelante la idea, los Servicios Sociales trabajarán en estudiar la situación de cada familia y grupo, para más tarde trazar las líneas de los desalojos. Después, se derruirían los Bloques. Eso sí, las fuentes consultadas auguran que muchos de los traslados deberán producirse a viviendas fuera de la ciudad de València, en función de la disponibilidad de los inmuebles de la Conselleria, aunque también podrán darse dentro de los límites municipales.
Huelga recordar que durante las últimas décadas, la okupación ilegal y la degradación del edificio lo ha convertido en un enclave cuya convivencia no siempre es sencilla. En muchas ocasiones diferentes representantes vecinales han pedido una solución, que se prevé realizar de forma progresiva y culminar con la reubicación de todos: propietarios y okupas.