Foto: GVAVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana celebró este pasado fin de semana un nuevo Seminari de Govern, en el que cada Conselleria se fijó unos objetivos para cumplir en los próximos meses. Un retiro, celebrado en las localidades alicantinas de Vila Joiosa y Altea, para evaluar el trabajo y pautar nuevos retos por parte de los diferentes departamentos del Consell. En el caso de la cartera que dirige Héctor Illueca, una de sus principales líneas de trabajo será el inicio de los trabajos para poner en marcha una nueva norma que regule la actividad de los grandes tenedores de vivienda para evitar "abusos" a los inquilinos.
Así consta entre los objetivos que se ha marcado la Conselleria de Vivienda para el próximo semestre, en el que figura como primer punto de acción el impulso de una regulación normativa que evite "el acoso de los grandes fondos especulativos a los inquilinos de las viviendas que adquieren", según explican fuentes de este departamento. Lo que se pretende, por tanto, es aportar una mayor "claridad" a la actividad de los grandes propietarios de viviendas y asegurar "una mayor protección a los inquilinos", señalan las mismas fuentes.
Así, la intención es crear un registro de grandes tenedores de vivienda que garantice que su actividad "no perjudique el derecho a la vivienda y asegure que los arrendadores sean totalmente identificables". También, la norma incorporará la obligación de establecer mecanismos de contacto entre los grandes tenedores y las personas arrendatarias. Todo ello con el fin de dotar de mayor transparencia la acción de los grandes fondos en la Comunitat Valenciana.
Por el momento, solo es un objetivo plasmado en una hoja de ruta, por lo que en estos próximos meses se quiere iniciar los trabajos para elaborar un borrador reglamentario con las líneas y ejes de la nueva norma.
Y es que para la Conselleria, la actividad especulativa de una parte de los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría entidades bancarias y fondos de inversión, "provoca situaciones de emergencia residencial que debilitan el sistema público de vivienda y la estructura social de la Comunitat Valenciana", por lo que se pretende regular su acción.
Pero, además, Vivienda se ha fijado otros retos que tienen que ver con la actualización de los precios de los módulos de la VPO en la Comunitat Valenciana o la creación de una red de agentes inmobiliarios colaboradores para movilizar vivienda vacía. También, el impulso de un servicio de oficio de administradores de fincas para colectivos vulnerables.
En concreto, la creación del registro de agentes inmobiliarios de la Comunitat Valenciana es un mandato de la Ley por la Función Social de la Vivienda y, a su vez, una medida de fomento incluida en el decreto para movilizar vivienda vacía. El objetivo es que los profesionales del sector colaboren con la Generalitat para lograr que propietarios de viviendas en desuso, de forma voluntaria, las cedan para que puedan ser ofertadas en alquiler a precios asequibles. Ellos se encargarán de tramitar estos alquileres con todas las garantías con unos precios máximos que serán establecidos por el Consell de acuerdo con sus características y ubicación.
Además, este registro es una reivindicación demandada desde hace mucho tiempo por los colegios y asociaciones profesionales de agentes inmobiliarios, para la defensa y protección de los consumidores. "Con esto se podrán eliminar las prácticas de actores que se llaman inmobiliarios sin serlo", señalan desde Vivienda.
Otra de las líneas que se ha fijado la Conselleria es la revisión de la normativa de Vivienda de Protección Pública de la Comunitat Valenciana, vigente desde 2013. Esta desactualización de los módulos que rigen los precios del metro cuadrado ha provocado que pocas sean las compañías que en estos momentos estén iniciando proyectos bajo este régimen. Por tanto, atendiendo al contexto actual y la imperante necesidad de vivienda, este departamento ve necesaria una revisión y actualización de la norma para satisfacer la demanda, tanto de los departamentos de la Generalitat competentes como de todos los agentes públicos y privados que intervienen en el proceso de promoción y construcción de vivienda protegida.
"Con esta revisión se dotará a la Comunitat Valenciana de un marco jurídico estable en la materia y se evitará la dispersión normativa. También se unificarán todos los nuevos criterios con la aprobación de un único reglamento", destacan. Así pues, esta revisión afectará a aspectos fundamentales como la tipología de las viviendas, superficies y características, condiciones de acceso a una vivienda protegida por las unidades de convivencia, regímenes aplicables, precios máximos de venta y alquiler y procedimientos de calificación. Para ello, ya se ha creado una mesa de trabajo con el sector.
También, el departamento que dirige Illueca impulsará en estos próximos meses un servicio de oficio de administradores de fincas para colectivos vulnerables en el marco de las ayudas de rehabilitación de los fondos europeos Next Generation. La iniciativa pretende activar mecanismos de financiación en los edificios que lo soliciten o en los que se considere prioritario intervenir. Todos deben cumplir unos requisitos de antigüedad del bien inmueble, no estar constituidos jurídicamente como comunidad de propietarios y responder a unos indicadores de vulnerabilidad social, económica y arquitectónica.
Las acciones encomendadas a este servicio pasarán por la constitución jurídica de la comunidad de personas propietarias, la regularización y el acompañamiento en todas aquellas iniciativas de la Conselleria dirigidas a la mejora de parque construido de viviendas .
