Imagen de un bloque de viviendas de Valencia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Comisión Provincial de Policía Judicial de Valencia, que preside la presidenta de la Audiencia, Esther Rojo, y en la que participan la Fiscalía, el juez decano de Valencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad, aprobó esta semana por unanimidad una instrucción sobre pautas de actuación policial en supuestos de ocupación ilegal de bienes inmuebles elaborada por el fiscal jefe provincial.
La Guardia Civil contabiliza actualmente 245 viviendas ocupadas en la provincia de Valencia, una acción que conlleva la actuación policial al tratarse de la entrada sin autorización en un inmueble de una o varias personas distintas de propietario habitual y que puede dar lugar a dos delitos.
De un lado, el de allanamiento de morada. Éste incluye no sólo el lugar donde la persona vive habitualmente, sino la segunda residencia siempre y cuando sea utilizada de manera más o menos regular. El delito, en este caso, viene dado por la entrada sin consentimiento y por el mantenimiento en su interior contra la voluntad del titular. Además, se agrava cuando se emplea violencia o intimidación.
Si esta conducta se denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se procederá a la inmediata detención y puesta a disposición judicial de los autores. En el caso de que no puedan ser identificados, se daría cuenta ante el juzgado de las gestiones llevadas a cabo para ello.
Del otro lado, se encuentra el delito de ocupación de bien inmueble que no es se considera morada. Ante na denuncia de este tipo, las fuerzas de seguridad practicarán diligencias para determinar y dejar constancia de la titularidad de dicho inmueble, la oposición de ese titular a la ocupación mediante una denuncia o acta de manifestación y la falta de un título legítimo por parte del ocupante.
Tras la presentación de las diligencias policiales, la Fiscalía valorará la posibilidad de solicitar el desalojo del inmueble como medida cautelar.
