Voces y discursos en la era de los hechos alternativos

En el actual contexto comunicativo las verdades afectivas y verdades ideológicas cobran un estatus incluso superior al de las verdades fácticas, aquellas basadas en hechos y datos. La responsabilidad de las redes sociales en la generación y auge de la posverdad sitúa en el centro del debate social y académico la ambivalencia de estas tecnologías.

Por un lado, los medios sociales han resultado decisivos en la aparición y promoción de fenómenos que amenazan la convivencia en la pluralidad de las sociedades actuales. A través de los servicios de mensajería instantánea, así como de los canales de autocomunicación que ofrecen las grandes tecnológicas, se difunde por el globo información tergiversada e incluso falsa, teorías conspirativas y discurso de odio.

Pero estas plataformas se han revelado también como recursos favorecedores del empoderamiento ciudadano, de la acción conectiva y de la fiscalización del poder a través de la red. Representan, pues, instrumentos clave para el ejercicio de la disidencia crítica, y resultan útiles, por tanto, para articular mensajes de contrapeso a la tentación manipuladora y silenciadora de la estructura político-económica.

El Congreso Mediaflows ha acogido una reflexión sobre esta ambivalencia de usos en la comunicación digital, un encuentro en el que han convivido ejemplos de información y de polarización a través de estos nuevos canales. Es el caso de Youtube, plataforma que permite a los creadores tratar de normalizar sus ideas y llevar a cabo su batalla cultural y discursiva. Dentro de sus contenidos, José Gamir-Ríos y Miguel Ibáñez-Cuquerella han puesto el foco en la diseminación de mensajes del activismo de derechas en España. Tras analizar el contenido y el discurso de 406 vídeos publicados por cinco youtubers de la derecha española -Un Tío Blanco Hetero, Libertad y Lo Que Surja, InfoVlogger, Los Meconios e Inocente Duke-, han observado un discurso dirigido a defender su libertad amenazada por posiciones feministas, multiculturalistas y progresistas. El encuadre general se basa en la ausencia de supremacismo explícito, el uso de argumentos culturales más que los tradicionalmente raciales, el recurso al humor ofensivo y la ausencia de una dimensión propositiva.

Este discurso populista, basado en la ofensa de los oponentes políticos, circula en las redes, pero enfanga incluso los contenidos periodísticos. Lo han analizado Anna Mateu, Lucía Sapiña y Martí Domínguez. En su caso, se centran en los editoriales de cuatro principales diarios de España entre enero de 2020 y agosto de 2021, esto es, en el marco de la pandemia. Los resultados del estudio señalan que los editoriales privilegiaron el comentario político a la hora de abordar la situación sanitaria. La ausencia de planteamientos acientíficos o negacionistas relacionados con el origen del virus o la eficacia de las vacunas apuntarían a un responsable empleo del artículo editorial que, sin embargo, se ve comprometido por el empleo partidista. Subrayan que esta estrategia editorial compromete el adecuado análisis periodístico de una cuestión compleja como la pandemia, a la vez que favorece la polarización social mediante un discurso próximo al del populismo de la ultraderecha.

No obstante, el sistema híbrido de comunicación también ofrece usos que favorecen el bienestar comunicativo y social de la ciudadanía. Lo han contrastado con 1.202 ciudadanos Laura Alonso y Andreu Casero-Ripollés, al estudiar el uso del servicio de comunicación a través de Whatsapp que han implantado 200 municipios en la Comunidad Valenciana. Los vecinos de los municipios pequeños -hasta 10.000 habitantes- lo utilizan especialmente con fines informativos, mientras que los residentes en municipios medianos -de 10.001 a 100.000 habitantes- y grandes -más de 100.001 habitantes- lo utilizan con mayor frecuencia para inscribirse en los servicios que ofrece el consistorio, así como para plantear dudas sobre la gestión realizada por la corporación municipal. Esto puede estar motivado también por el hecho de que la política en los municipios grandes y medianos es considerablemente impersonal a diferencia de las ciudades pequeñas donde la interacción entre la administración y los ciudadanos es mucho más directa. En general, los usuarios están satisfechos con este servicio. Con todo, no lo consideran una herramienta útil para la rendición de cuentas o el control del poder.

Frente a la multiplicidad de discursos, y especialmente ante la propagación de desinformación, Dafne Calvo, Lidia Valera-Ordaz, Marina Requena i Mora y Germán Llorca-Abad se han preguntado cómo percibe la sociedad los procesos actuales de fact-checking, la práctica que pretende combatir con argumentos los contenidos manipulados. Los resultados evidencian que hay un desconocimiento general sobre las plataformas de verificación que actualmente operan en el contexto mediático español. Sin embargo, y a pesar de esta ignorancia, la percepción generalizada es que se trataría de herramientas polarizadas, al servicio de las diferentes esferas ideológicas. Por su parte, la ciudadanía entrevistada relata prácticas de verificación muy primitivas, como el uso de buscadores, el cotejo con la información ofrecida por los medios de comunicación tradicionales -especialmente diarios- y la consulta a familiares y amistades que consideran fuentes de información fiables. Llama la atención que los 42 participantes en este trabajo -de un amplio espectro sociodemográfico- consideren que el freno a este flujo de desinformación debe ubicarse en la educación mediática, pero también en el castigo y la vigilancia.

En este punto, Andrei Richter se cuestiona si existe el derecho humano a [difundir] las mentiras y se plantea la posibilidad de desarrollar un derecho internacional a conocer la verdad. Si bien, por una parte, los gobiernos buscan formas y medios con los que reducir el flujo de informaciones falsas y, con ello, disminuir el daño social que provocan; por otra parte, también puede darse la posibilidad de que se supriman voces políticas alternativas bajo el pretexto de la prohibición de la desinformación en comunicaciones personales y en medios de comunicación. Un abuso del derecho y la política democráticos en este sentido conduce, según Richter, a la creación de un monopolio gubernamental de la información.

En este contexto de información y polarización, el periodismo debe resituarse y recuperar su función social interpretativa. Más comprometido que nunca por la competencia de voces que le disputan la representación de un mundo complejo sin igual, la profesión tiene un compromiso ético con la veracidad, es decir, con la comprobación de la información difundida. Es más necesario que nunca separar y distinguir en su relato los hechos de las creencias. Su narración debe ayudar a la conformación de una opinión pública plural para forjar mayorías y canalizar el debate en las democracias.

María Iranzo Cabrera es profesora de Periodismo de la Universitat de València e investigadora del grupo Mediaflows