Difundir y defender el proyecto europeo es una tarea que precisa de un mayor esfuerzo por parte de los políticos
Después de una primera fase, con las elecciones generales y autonómicas, aún nos queda pasar la mitad de la segunda campaña y las siguientes elecciones, que en el caso de la Comunidad Valenciana son las municipales y las europeas. Sin embargo, sabemos por experiencia que estas últimas suelen pasar desapercibidas. En eso no somos los españoles especiales, pues en todos los países europeos suelen considerarse secundarias. Por eso, con contadas excepciones, nos va a llegar poca información respecto a las opciones que plantean los diferentes partidos sobre las políticas europeas que, en el fondo, lo son prácticamente todo.
En el caso de España, miembro de la eurozona, la política monetaria la realiza el Banco Central Europeo quien, junto con la Comisión Europea y el Consejo, son responsables del tipo de cambio del euro. La política comercial y la política de la competencia son también políticas europeas, por lo que sólo la política fiscal está en manos de nuestras autoridades. Pero aún en ese caso, existe un mecanismo de coordinación que limita la capacidad de generar déficit público de los países del euro, por lo que, especialmente si en ejercicios pasados nuestras cuentas públicas superaban el 3% anual de déficit (es decir, tenemos “déficit excesivo”), nos vemos sometidos a un calendario de ajuste hasta reducirlo no sólo por debajo de dicha cifra, sino a recuperar el equilibrio. Esto último se introdujo en nuestra Constitución en 2011 (la reforma del artículo 135) y cada año, antes del 30 de abril, el gobierno español debe enviar sus previsiones de ingresos y gastos y el calendario que va a seguir para volver al equilibrio presupuestario (el llamado “Plan de estabilidad”). Este año, todavía dentro de dicho procedimiento, eso va a suponer un aumento considerable de impuestos y también en los próximos cuatro, según el documento que hizo público el gobierno en funciones. Dado el importante aumento del gasto en los últimos meses, la única forma de cumplir los objetivos propuestos es con una subida de los impuestos que incluye renta, sociedades, diésel, empresas tecnológicas e incluso a las transacciones financieras (estos últimos no son, en realidad, impuestos a las tecnológicas o a los bancos, sino a sus usuarios).
No obstante, más allá de la pérdida de competencias sobre nuestras principales políticas macroeconómicas (algo que no tiene por qué ser malo, dependiendo de los gobernantes que nos toquen en suerte) hay más motivos por los cuales lo que se hace y decide en la Unión Europea repercute en nuestras vidas. Además de las ayudas de la agricultura y de las infraestructuras realizadas con cofinanciación del FEDER, es menos conocido el papel del Fondo Social Europeo (FSE) en la formación de jóvenes y parados de larga duración. Su contribución se ha plasmado, en los últimos años, tanto en Formación Profesional como en la cofinanciación de los contratos de Personal Investigador en Formación, para la realización de tesis doctorales.
El papel del FSE debería ser especialmente importante para los ciudadanos españoles dado que, según el último Eurobarómetro, un 69% de los encuestados consideran su mayor preocupación es el desempleo juvenil (como puede verse en el gráfico 1. Además, el Parlamento Europeo es ahora mismo una institución con mucha mayor relevancia y participación en el proceso legislativo europeo de lo que lo era hace tan sólo una década. Y los ciudadanos europeos tenemos la oportunidad de elegir a los que nos representan por sufragio directo y distrito único en España, lo que haría esta elección potencialmente interesante para todos.
Lamentablemente, la mayoría de los partidos políticos utilizan la lista europea para “retirar” a políticos que no pueden recolocar en otro sitio o como (y así lo he escuchado en algunos medios) la oportunidad de “hacer caja”. Evidentemente, si se compara con el sueldo de un ministro o un parlamentario español, el de eurodiputado es bastante más alto, pero que se aleguen estas consideraciones a la hora de hacer las listas es, como mínimo, una frivolidad. De ahí que no sea de extrañar que los incentivos de los votantes les lleve, en algunas ocasiones, a utilizarlas como voto de castigo para los partidos nacionales que no les han contentado durante sus años de gobierno.
De nuevo, durante la actual campaña, a través de Eurovisión se ha retransmitido el debate entre los cabezas de lista de los principales partidos en la UE. Aunque no sean partidos europeos (o pan-europeos), sí que son alianzas entre partidos nacionales de ideología similar. Como puede verse en las proyecciones, estas elecciones van a suponer un cambio, puesto que el Partido Popular Europeo (EPP en inglés) y la alianza Social Demócrata (S&D) no van a tener, entre los dos, la mayoría absoluta del Parlamento Europeo. Deberán tener más en cuenta a ALDE, la Alianza de los Liberales, que va a aumentar su representación. Lamentablemente, las proyecciones dicen que casi un 30% de los parlamentarios van a pertenecer a partidos, de ambos lados del espectro político, que están abiertamente en contra del aumento de la integración en Europa.
Por todo ello estas elecciones son especialmente importantes. Los tres grandes partidos europeos (EPP, S&D y ALDE) han impulsado la integración europea desde sus inicios y, con una generosidad que no se ha dado hasta ahora en España, han sido capaces de anteponer el interés común al partidista. Sin embargo, de fronteras para adentro se ha marginado el discurso (que los tres comparten) sobre los beneficios no sólo económicos sino sociales y de derechos cívicos que ha supuesto la integración europea. Mantenerlos depende de los votantes, pero difundir y defender el proyecto europeo es una tarea que precisa de un mayor esfuerzo por parte de los políticos. A ver cuándo se dan cuenta.