VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana sigue avanzando en el proceso de vacunación con el objetivo de que permita, a partir del 9 d'Octubre, el estado de "normalidad mejorada" al que viene refiriéndose el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en los últimos días. Este mismo martes, los 133 vacunódromos se abrían para, además de cumplir con las citas estipuladas, vacunar sin aviso previo a toda persona que todavía no haya recibido ninguna dosis ya sea por problemas de calendario vacacional o porque hasta ahora había rechazado la posibilidad de recibir el fármaco.
El objetivo, con esta medida, es tratar de exprimir al máximo las opciones para que los ciudadanos pendientes tomen la decisión de vacunarse. En la actualidad, la Comunitat Valenciana se sitúa en un 81% de la población vacunada con la inmunidad completa (72% de la población total) y un 88% con al menos una dosis (78% de la población total). Unas cifras altas que, según admiten propios dirigentes del Gobierno valenciano, serán difíciles de incrementar dado que la gran mayoría de personas que deseaba vacunarse ya lo ha hecho. La propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, señalaba la pasada semana en su comparecencia en Les Corts que, según los últimos datos, algo más de 53.000 valencianos había rechazado explícitamente recibir el compuesto.
Este progreso en la vacunación ha comenzado a resucitar otro debate en el Ejecutivo que había sido aplazado a finales de julio: la posibilidad de exigir un certificado covid para la entrada en determinados establecimientos, ya sean de ocio nocturno, hostelería, comercios o espacios culturales.
No es la primera vez que esta posibilidad salta a la palestra. En julio, con el paso adelante en su implantación por parte de países como Francia, algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Canarias, Cantabria y Galicia, apostaron por la obligatoriedad de presentar el certificado covid-19 para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno en ciertas áreas de alta incidencia. No obstante, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de estas respectivas regiones rechazaron la medida. Mientras, en Baleares, fue aceptada la necesidad de este certificado covid para entrar a las residencias de ancianos, al considerarlo un colectivo "especialmente vulnerable", si bien se opuso a que se exigiera para los grandes eventos.
En la Comunitat Valenciana, cuando se planteó este debate a finales de julio, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró reacio a su aplicación por una cuestión de "equidad", dado que todavía no se había dado la oportunidad a toda la población de vacunarse y postergó el debate a cuando se alcanzara el nivel máximo de inmunidad en la Comunitat que precisamente ahora se acaricia. Así, fuentes próximas al jefe del Consell sí admiten inclinarse por reabrir este debate con el objetivo del regreso a la citada "normalidad mejorada", e incluso algunos miembros del Presidencia se posicionan claramente a favor de impulsarla -algunos como Francesc Colomer
ya lo hicieron- aunque reconocen que pueden existir complicaciones en el encaje jurídico.
En este sentido, otras fuentes destacan que precisamente en la Conselleria de Sanidad es donde siempre han existido mayores reticencias. La propia responsable del departamento, Barceló, a instancias de varios de los técnicos del área, había mostrado su rechazo a una posibilidad que, sin embargo, ha regresado al debate en estos días, y que ahora podría asumir siempre que desde el Gobierno de España se facilite un paraguas legal para esta iniciativa.
Una medida que, ya en el debate del mes de julio, obtuvo respaldo por parte de del sector tras una reunión mantenida entre la Asociación de Promotores de Festivales de la CV(Promfest), la Federación de Ocio y Turismo de la Comunitat (Fotur), la Asociación de Promotores de Grandes Festivales (Profest), la Asociación de Promotores Musicales (MusicaproCV) y empresas asociadas de festivales, espectáculos, conciertos, salones de eventos, salas de fiesta, baile, discotecas, pubs e industrias afines.