VILLENA. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido a la energética Mursolar (filial de la multinacional española X-Elio) autorización administrativa de construcción para la instalación de la planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación en Villena. La central, llamada 'CSF La Atalaya', asciende a 120 MWp (96,9 a MW instalados) y estará compuesta por 184.560 módulos de 650 W cada uno, que en conjunto podrán alcanzar una potencia pico de 120 MW.
La energía generada en la planta se evacuará a través de ocho circuitos de líneas subterráneas a 30 kV, que tienen como origen los centros de transformación de la planta y discurren hasta la subestación eléctrica Atalaya 30/132 kV. De esta última, ubicada en Villena, parte una línea eléctrica subterránea de 132 kV (que el Gobierno declara de utilidad pública) y finaliza entre la subestación colectora Valle 132/30 KV y la subestación Sax 400/132/30 kV. El resto de la infraestructura de evacuación tiene autorización administrativa de construcción previa.
Según explica la documentación, Mursolar solicitó en octubre de 2020 autorización administrativa previa para instalar la planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación. Durante el periodo de exposición pública se recibieron dos alegaciones por razones ambientales. Uno de los colectivos que alegó fue la Asociación Salvatierra de Villena, oponiéndose por considerar que la suma de los megaproyectos proyectados en Villena llevaría a ocupar una superficie mayor que la del casco urbano del municipio.
En julio de 2022, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental concedió a la mercantil Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y fue en abril de 2023 cuando la Dirección General de Política Energética y Minas otorgó autorización administrativa previa para el proyecto fotovoltaico.
Durante la tramitación del proyecto se recibió contestación del Ayuntamiento de Villena aportando un informe medioambiental y otro arqueológico, y de la Dirección General de Medio Natural y de Evacuación Ambiental de la Generalitat, en la que se emitía informe ambiental donde se señalaba qué elementos afectarían al proyecto y las medidas a adoptar para minimizar su impacto.
También se recibió contestación de Red Eléctrica indicando que el proyecto no presenta afecciones a instalaciones de su propiedad; de la Diputación de Alicante señalando la necesidad de elaborar un estudio del tráfico que se generará sobre la carretera CV-813; de Adif, informando favorablemente tras comprobar que el proyecto no afecta a sus instalaciones, así como contestaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Telefónica, Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat y Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat con condicionantes técnicos.