Xàtiva pide un informe al juzgado para aclarar la relación de la mercantil Inditec con Imelsa

VALENCIA, (EP). El pleno del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado pedir un informe al juzgado de instrucción nº 18 de Valencia para aclarar la relación de la mercantil Inditec --actual concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos-- con la operación Taula, derivada del caso Imelsa. En la misma moción, se acuerda la suspensión del proceso administrativo de adjudicación del contrato de limpieza de edificios públicos a esta mercantil a la espera de recibir el informe y por un plazo máximo de tres meses, según permite la legislación vigente.

El acuerdo, según informa el consistorio en un comunicado, ha sido aprobado con los votos a favor de PSPV-PSOE, EU y Ciudadanos y la abstención de PP y Compromís. Hay que recordar que la oferta de Inditec fue la que obtuvo la mejor puntuación en el concurso para la adjudicación del servicio de limpieza de edificios públicos del Ayuntamiento de Xàtiva, proceso administrativo actualmente en marcha.

La medida, de carácter cautelar, fue justificada por los portavoces de los tres grupos que votaron a favor aduciendo a un principio de prudencia. "No en vano, el expediente de la adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos fue uno de los que se llevaron los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) el pasado 4 de julio, cuando entraron en el Ayuntamiento para recabar información en el marco de la instrucción del llamado caso Taula", recuerdan desde la corporación local.

Así, el portavoz del PSPV-PSOE, Ignacio Reig, aclaró que se propone la adopción de este acuerdo al amparo del artículo 42.5 de la ley de procedimiento administrativo. "No quisiéramos hacer una adjudicación millonaria a una empresa implicada en un caso de corrupción como el caso Taula y que podría quedar anulada", argumentó.

Por su parte, Miquel Lorente, portavoz de EU, dijo que "cuando la UCO se lleva un expediente del Ayuntamiento estamos en una situación de excepcionalidad". "La empresa no está imputada pero tomamos esta medida cautelar por un principio de prudencia", agregó.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Giner, intervino en la misma línea: "Inditec cumple el pliego de condiciones y su oferta ha sido la mejor puntuada por los técnicos del Ayuntamiento, pero votamos a favor de la moción por un principio de prudencia".

Por su parte, Cristina Suñer, de Compromís, explicó la abstención de su grupo diciendo que "no existe ningún informe que avale las causas de la suspensión". Y añadió: "Hay un secreto de sumario. El informe debería ser para todas las empresas que están en el caso y también se debería haber pedido un informe al Consejo Jurídico Consultivo. Mientras no exista un informe del secretario (del Ayuntamiento) que avale esta medida, nos abstendremos".

El plenario también acordó por unanimidad la derogación definitiva de los PAI Cànyoles y Papelera San Jorge y del PRI Entre Murallas, terminando así con estos proyectos urbanísticos sin desarrollar. Los terrenos afectados volverán a la calificación que tenían antes de la creación de los PAI.

La portavoz de Compromís, Cristina Súñer expresó que "hoy cerramos un círculo de un criterio urbanístico que el gobierno no comparte. En 2005 se perdió la oportunidad de ordenar territorialmente el desarrollo de Xàtiva de una manera adecuada. Nos sentimos satisfechos de haber cumplido con nuestra palabra".

El portavoz de EU, Miquel Lorente comentó que "las consecuencias de aquella política urbanística son años y años de fiscalidad injusta para los propietarios de terrenos. Era un concepto incoherente de la ordenación del territorio. Todos estos PAI han supuesto gastos para el municipio cuando en realidad se ponía sobre la mesa el beneficio de unos pocos. Habría que revisar la ley para que los promotores no se vayan sin ningún gravamen".

Finalmente, Ignacio Reig, en referencia al PAI Papelera San Jorge, explicó que "en 2007 se creó un PAI de 90.000 metros cuadrados, donde nos dijeron que se iban a construir 240 casas, una universidad privada, equipamientos municipales y un museo del papel".

La empresa que lo iba a desarrollar, prosiguió, Accord Business, "fue creada un mes antes de la adjudicación del PAI; una empresa sin trabajadores, domiciliada en Torre de Lloris y propiedad de un antiguo dirigente del PP. Obtuvo un crédito de 10 millones de euros de Caixa Catalunya y hasta aquí llegó el negocio. Nunca se ha sabido nada de esto. Dónde está el dinero? ".

Sobre este mismo punto, Miquel Lorente apostilló: "Se deroga el PAI pero la vergüenza de la estafa todavía está presente aquí".