VALÈNCIA. (EFE) El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este jueves que el Consell "no renunciará" a la demanda de la reforma en profundidad del modelo de financiación autonómica y la defenderá en todos los ámbitos y en la entrevista que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Puig ha hecho estas manifestaciones en la sesión de control de Les Corts Valencianes en respuesta a la pregunta de Compromís sobre el compromiso del nuevo Gobierno central con las reivindicaciones valencianas, y ha asegurado al respecto que "hay una atmósfera de diálogo diferente, mucho más fácil".
Ahora bien, ha precisado que "para los valencianos lo importante es lo que significativamente" les afecta y sus reivindicaciones serán "exactamente iguales ahora que antes", por lo que el Gobierno valenciano "va a mantener la misma posición" en relación con sus reivindicaciones al Ejecutivo central, y ha puesto como ejemplo su postura sobre el trasvase Tajo-Segura.
Respecto a la financiación autonómica, "hemos dicho que de una vez por todas se ha de hacer la reforma", ha aseverado, y ha celebrado que hoy la ministra de Hacienda haya anunciado que se abre la puerta para que el FLA acabe siendo mutualizado, una noticia "enormemente positiva para los valencianos" y un "avance considerable".
Puig ha destacado el Acord del Botànic como "una llave fundamental para superar el atasco institucional que vivía la Comunitat" y, en este sentido, ha puesto en valor que en esta legislatura son 57 leyes las que se han aprobado, lo que supone 19 proyectos más que en la anterior.
"Este periodo es más productivo, ustedes (diputados) trabajan más y el gobierno trabaja más y se hacen más leyes", ha valorado en la sesión de control de este jueves, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la síndica de Cs en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, sobre si "cree el Consell que cuenta con los apoyos suficientes para cumplir con los acuerdos iniciales del Acord del Botànic".
Al respecto, Puig ha reivindicado que el proyecto que el Consell intenta impulsar "va a más allá de fronteras" y, de este modo, ha señalado que "el 96% de los proyectos aprobados han contado con el voto a favor de todos grupos del Botànic" y el 60% ha contado con el apoyo de Cs, que ha votado en un 15% en contra.
"Es una buena noticia que se supere el partidismo y se pueda conseguir acuerdos. Eso es el mejor síntoma de la mejora de la calidad democrática de la Comunitat", ha subrayado.
La síndica de Cs ha lamentado el "nulo apoyo" del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunitat al "cerrar la puerta" a la reforma del sistema de financiación autonómico y ha lamentado la operación Alquería, en la que se detuvo y puso en libertad al expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por presuntas irregularidades en contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.
"Limpien instituciones depuren responsabilidades y pidan perdón y dejen de insultar la inteligencia de los valencianos llamándolo torpeza cuando es corrupción. No se pueden dar lecciones de nada si en el seno de su partido no las tienen aprendidas", ha señalado para exigir la dimisión de Rodríguez al frente del Ayuntamiento de Ontinyent porque "si no es apto para ser presidente de la Diputación, ni para ser afiliado del PSPV, tampoco para ser alcalde".
Al respecto, Puig le ha replicado que si se hubiera aplicado el código ético de Cs a Rodríguez, éste no hubiera dimitido y ha apuntado que cuando se levante el secreto de sumario de la causa se podrá "opinar".
Ha destacado que "hay que recuperar las intuiciones para los ciudadanos" y, por tanto, ha considerado "importante" que "cada uno defienda su posición" y, en este sentido, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defenderá la suya sobre la financiación y desde el Consell "van a trabajar para cambiar esa opinión haciendo lo que nos corresponde". "Otros aplaudían a Génova. Yo no aplaudo, yo digo con lo que estoy a favor y con lo que no, no aplaudo", ha zanjado.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral