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el billete / OPINIÓN

¿Y si Puig destituye a Oltra?

Foto: JORGE GIL/EP
12/06/2022 - 

Le preguntaron a Mónica Oltra el viernes en qué momento procesal pondría la línea roja para dimitir y contestó que no pensaba dimitir, y menos después del último informe de la Fiscalía, en el que encontró un párrafo al que agarrarse: es el punto en que la fiscal Teresa Gisbert afirma que la unanimidad de todos los imputados exculpando a Oltra es un "fuerte indicio" de que fue ella la que dio la orden de tapar los abusos de su exmarido a una menor. Pero, ¿y el resto del escrito? ¿No es para dimitir todo lo que ahí se cuenta?

A Ayuso también le preguntaron el viernes en València por el asunto y dijo que Oltra debería dimitir "si finalmente es imputada". No puedo estar más en desacuerdo. Los políticos, también Ayuso, vinculan la responsabilidad política a la judicial por conveniencia, porque la Justicia es lenta y esas dilaciones indebidas les dan margen para continuar en medio de cualquier escándalo.

La responsabilidad política es una cuestión de ejemplaridad, de decirle a la ciudadanía: esto se ha hecho mal y el/la responsable cesa en su puesto. Al día siguiente e independientemente de que la negligencia sea constitutiva de delito. 

En España hace tiempo que no dimite nadie por un escándalo, creo que desde Carmen Montón hace casi cuatro años. Es alarmante que hasta la siempre ejemplar –en esta materia– democracia británica esté siguiendo el mismo camino con el peligroso precedente de Boris Johnson, que se empeña en hacer depender su futuro de si lo imputan o no. Es materia para una tesis de politología la desaparición paulatina de la dimisión por vergüenza y la relación que puede tener la pérdida de esta práctica balsámica con el permanente estado de indignación ciudadana.

Oltra, en la rueda de prensa del viernes 10. Foto: JORGE GIL/EP

Oltra debería haber dimitido hace tiempo porque el relato de los hechos probados evidencia, como mínimo, una negligencia de tal calibre que sorprende que no rodaran cabezas en su Conselleria ya en 2017 o cuando el escándalo salió a la luz. Que salió a la luz tarde, porque como bien sabe la vicepresidenta, los medios de comunicación valencianos nos guardamos de informar de un asunto que afectaba estrictamente a su vida personal –presuntos abusos, hoy confirmados, de su exmarido a una niña de 14 años–, hasta que supimos que el asunto iba más allá de lo personal.

El relato de la fiscal Gisbert es demoledor para la Conselleria de Igualdad, de la que Oltra es titular. Por resumir: la niña, tutelada de la Generalitat desde que tenía 11 años –"son nuestros hijos", dijo Oltra en Les Corts refiriéndose a otro caso de abusos"–, reveló a una trabajadora social el 13 de febrero de 2017 que había sufrido abusos sexuales. Esta dio cuenta a su superior y la noticia se transmitió a diferentes instancias del centro de menores y de la Conselleria, de manera que el 27 de febrero hay pruebas de que seis personas, seis, conocían los graves hechos denunciados por la niña. Y no solo por boca de ella, porque los padres de su entonces novio alertaron al centro de menores de lo que la chica les había relatado.

Estas seis personas dedicadas al cuidado de la menor tutelada eran la trabajadora social a la que reveló los abusos, un técnico del centro de menores, la directora del centro, una técnico de la Dirección Territorial de la Consellería de Igualdad, el jefe de la Sección del Menor de la Conselleria y una psicóloga de la Sección del Menor. Nadie denunció los hechos ante la Policía, la Fiscalía o la Administración de Justicia, siendo una menor tutelada. Es como si una niña le cuenta a sus padres que han abusado de ella y estos no hacen nada.

Pasaron cuatro meses hasta que, el 27 de junio de ese año, dos policías coincidieron por casualidad en la puerta del centro con la menor y su novio y este la conminó a denunciar los hechos, cosa que la niña hizo de manera sucinta, señalando, según los agentes, a "un tal Luis, del cual no quiere decir más y del que le cuesta hablar por el temor que este les suscita, ya que tiene una familiar que es un cargo importante dentro de una Consellería" y que "sale por la tele". Estos funcionarios sí cumplieron con su obligación y elevaron los indicios a su superior, desplegando una rutina que acabó poco después en denuncia ante la Fiscalía de Menores.

Luis Eduardo Ramírez, durante el juicio. Foto: EFE

Lo curioso del caso, en lo que afecta a Oltra, es que la primera condena a su exmarido se habría saldado con un mero reproche a una grave negligencia en su Conselleria –no haber denunciado los hechos al no dar credibilidad a la niña–, si su departamento no hubiese desvelado unos hechos mucho más graves que, según dos fiscales, dos tribunales y un juez instructor, apuntan a una voluntad de desacreditar a la menor a la que debían proteger.

Esta revelación se hace cuando, tras el primer juicio a Luis Ramírez Icardi, desde la Conselleria se envió a la Fiscalía un informe encargado al Instituto Espill –centro privado contratado por la Conselleria para hacer exámenes psicológicos de menores– que concluía que la chica resultaba "poco creíble". El informe sirvió a Ramírez para recurrir la condena, por indefensión, y el TSJCV ordenó repetir parte del juicio. Repetido con el informe sobre la mesa, el exmarido de Oltra volvió a ser condenado a 5 años de prisión.

Este episodio puso en evidencia a la Conselleria de Igualdad, que sabiendo que había una instrucción penal en marcha y una orden de alejamiento para el sospechoso, encargó un informe, calificado como "información reservada", cuyo fin, según el juez instructor y la Fiscalía, "no fue esclarecer los posibles errores en que pudieran haber incurrido las personas que ejercían funciones públicas relacionadas con la tutela" de la niña, "sino la de esclarecer la credibilidad del testimonio de la menor, todo ello cuando ya estaban los hechos siendo investigados en vía judicial". Tal era el ánimo de desacreditarla, que mientras la psicóloga del Instituto Espill dice que el testimonio de la niña resulta "poco creíble", la instructora del informe reservado de la Conselleria concluye que es "no creíble".

Foto: EFE/KAI FÖRSTERLING

Oltra proclamó ante la prensa que este informe reservado había sido un encargo de ella, aunque luego, por recomendación de su abogado, dijo que era mentira, que había sido una bravuconada. Esto es importante a efectos penales y tendrá que valorarlo el tribunal para determinar si estamos ante un delito de prevaricación, de abandono de menores y/o de omisión del deber de perseguir delitos, que es de lo que le acusa la fiscal.

Pero a efectos políticos lo relevante es que nadie protegió a la niña durante cuatro meses y que, cuando la Justicia tomó cartas en el asunto, la única preocupación del departamento que dirige Oltra fue realizar una "instrucción paralela" encaminada a desacreditar a la menor. Como la Iglesia en los casos de abusos sexuales, hubo más interés en tapar que en denunciar, y no hubo ninguno en depurar responsabilidades. El Papa Francisco, al menos, ya ha pedido perdón a las víctimas.

Lo que debía haber hecho Oltra, como le afea la Justicia, no es una investigación paralela sobre un caso ya judicializado sino una investigación sobre qué había fallado en su departamento. Y una depuración de responsabilidades políticas y administrativas, sin esperar a las judiciales. En lugar de eso, Oltra se ha dedicado a defenderse y a defender a los funcionarios imputados porque "algunos llevan 20 años de servicio" y "se está cuestionando su profesionalidad". ¿Acaso no es para cuestionársela?

Oltra nunca defendió a la chica y a la chica ahora la defiende un abogado de la ultraderecha. Esto sí que es un fuerte indicio de un gran fracaso por el que nadie en la Generalitat ha asumido ninguna responsabilidad.

Foto: EFE/KAI FÖRSTERLING

Y tras este largo preámbulo, vamos con la pregunta inicial: ¿Y si Puig destituye a Oltra? Pues pueden pasar muchas cosas –ruptura de Gobierno, Consell irrespirable, elecciones anticipadas…–, pero ninguna peor que el descrédito del que va a contagiarse el presidente de la Generalitat mientras mantenga como vicepresidenta y portavoz de su gobierno a la todavía líder de Compromís.

La puntilla vendrá de Madrid, como siempre. La prensa valenciana tiene un alcance limitado, qué le vamos a hacer, pero en la capital es otra cosa. Allí los medios afines a Oltra llevan un tiempo de perfil y empiezan a volverle la espalda. No es fácil defenderla. El tema sale en las tertulias y, a pesar de que la campaña electoral andaluza ayuda a taparlo, estamos a cinco minutos de que la pregunta salga en cada rueda de prensa o entrevista a sus amigos Errejón y Yolanda Díaz, o a Sánchez. Y eso no hay quien lo aguante.

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