Zaplana comenzó a repatriar el dinero de las mordidas en 2006, según la jueza

VALÈNCIA. La operación Erial demuestra que los movimientos económicos de la trama corrupta para no ser detectados eran de todo tipo y que la repatriación de los fondos ilícitos comenzó como mínimo en el año 2006, tres años después de que se formalizara la adjudicación de los parques eólicos. 

Fue en ese año, en 2006, cuando según la magistrada que instruye el caso, una de las sociedades investigadas, Costera del Glorio, del presunto testaferro Joaquín Barceló, compró un vehículo todoterreno marca BMW con dinero presuntamente de procedente de las mordidas de las adjudicaciones. Esta sociedad es la misma que abonó los vehículos decomisados al expresidente Eduardo Zaplana. Según la magistrada, "la única operación comercial de la sociedad resulta la relativa de la entrada de fondos del extranjero".

En cuanto a las formas de blanqueo, esgrime la magistrada del caso que "la investigación ha determinado que con cargo a Costera del Glorio (empresa pantalla de Joaquín Barceló) y sus fondos provenientes de los sobornos, se han empleado para la adquisición de coches tanto a nombre de su mujer como de Eduardo Zaplana".

En el caso de los vehículo decomisados por la magistrada al expresidente, el Audi Q7 de Zaplana y el Audi Q3 de su mujer, los dos coches fueron matriculados en julio del 2016 cuando la investigación ya había comenzado, y el matrimonio ya estaba bajo la lupa de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Con la compra de estos vehículo se habrían blanqueado alrededor de 120.000 euros de una sola vez, pues el precio medio de los coches es de 80.000 euros el de Zaplana y unos 30.000 el de su mujer, y habría sido uno de los movimientos que levantó la liebre y apuntaló la acusación.

Otro de los métodos de entrada de dinero era "la transformación de los bienes de origen del delito". Esta transformación se realizaba con la compraventa de determinados bienes. Así, la UCO, a través de los pinchazos telefónicos, y la juez y el fiscal, con la información recabada, creen que el dinero en efectivo que tenía Mitsouko Henríquez, la secretaria personal del expresidente en su casa, 50.000 euros, se obtuvieron utilizando esta forma de blanqueo.

Compra de inmuebles

Pero la mayor y más utilizada metodología de blanqueo y obtención de fondos fue la que la trama corrupta utilizó a través de la compra de inmuebles. Según el auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza, los bienes se compraban o bien a través de empresas pantalla -13 de los 28 decomisados pertenecían a estas empresas-, o bien a nombre de los testaferros.

La mayor parte de las empresas cuyos bienes inmuebles han sido decomisados pertenecen a Francisco Grau y a su mujer, Paloma Domínguez. De sus empresas, Barchilla y Turnis Sylvática son las siete propiedades decomisadas en Alicante ciudad.

En cuanto a las que pertenecen a una persona física y no a una empresa, los que se llevan la palma en cuanto de decomiso son Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López. La magistrada ha ordenado que 13 de sus propiedades dejen de ser suyas. El valor catastral total de lo decomisado al matrimonio alcanza los 621.509 euros repartidos en cuatro bajos, cuatro pisos y tres plazas de garaje en Alicante, una parcela en Polop y una casa en la localidad murciana de Jumilla, de donde es oriunda Felisa López.

Este matrimonio también se ha quedado sin 54.000 euros en metálico que fueron intervenidos durante el registro, así como sin un Land Rover y un todo terreno marca BMW. También se decomisa el dinero procedente de la venta de un piso en la madrileña calle Nuño de Balboa a nombre de su sociedad Costera del Glorio, la misma que compró los coches de Zaplana. Sin embargo no pone el montante de la venta.

'Caso Erial'

En el caso Erial se investigan los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, delito fiscal y asociación ilícita. Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau son los únicos que ingresaron en prisión provisional sin fianza.

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el blanqueo de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat (1995-2002). La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones por las que los empresarios beneficiados podría haber pagado en torno a diez millones de euros. Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico.

Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', un manuscrito con el esquema del supuesto movimiento de dinero entre sociedades para blanquearlo.