Zaplana pide anular la declaración de su presunto testaferro uruguayo

VALÈNCIA. La defensa del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, acusado de blanqueo de capitales dentro del caso Erial, ha solicitado la nulidad del acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y el presunto testaferro y 'cerebro' financiero de las operaciones que se investigan, Fernando Belhot. Según el escrito presentado, Belhot debería estar imputado en lugar de figurar como testigo, ya que, a juicio de la defensa del expresidente, el pacto firmado por la Fiscalía en el que garantizaba a Belhot que sería testigo "es algo nunca visto en derecho".

Sin embargo, fuentes del Ministerio Público consultadas por Valencia Plaza explicaron que Belhot estaba fuera del procedimiento antes de que el fiscal del caso, Pablo Ponce, viajara a Uruguay para pactar la declaración que pone en un aprieto al expresidente de la Generalitat. Lo único que hizo Ponce, según estas fuentes, fue poner negro sobre blanco algo que ya había sucedido, que era el cambio de investigado a testigo de Belhot.

En el escrito, el letrado de Zaplana no entra a valorar la credibilidad del testigo. Una credibilidad que tiene mucha importancia, pues de ser cierto lo que cuenta supondría un importante testimonio de cargo contra el también exministro. "Lo importante de Belhot es que dijo dónde estaba el dinero y, mucho más que eso, que dio el acceso a las cuentas con más de seis millones de euros del dinero B que se han recuperado", explican las fuentes. 

Estas fuentes insisten en que "Belhot, al igual que la otra testaferro, Beatriz García Paesa, estaba fuera del procedimiento mucho antes de que el fiscal pactara las declaraciones de ambos", por lo que "no tiene sentido pedir la nulidad cuando ni tan siquiera se está cuestionando la credibilidad de lo que dijeron. Es una huida hacia delante de Zaplana tras verse acorralado".

Este escrito es el segundo que presenta su defensa en la misma línea, la búsqueda de una nulidad a lo ‘Naseiro’, caso en el que estuvo implicado Zaplana y que se archivó al anularse las escuchas telefónicas. En el primero pidió que se anulara porque el caso se basaba en un "hallazgo casual" de la supuesta hoja de ruta "para delinquir", un documento que era, a juicio de su letrado, "irrelevante".

La declaración de Belhot

El problema para Eduardo Zaplana es que Fernando Belhot, además de dar el acceso a las cuentas con el presunto dinero negro, explicó punto por punto cómo se creó toda la trama de ingeniería financiera. Belhot declaró que administró 7.955.000 euros que fueron ingresados en diferentes etapas, un dinero supuestamente procedente de las mordidas de adjudicaciones a dedo a la familia Cotino. 

La empresa presuntamente creada para el blanqueo, Disfey, abrió una cuenta en Suiza para canalizar el total de los activos y poder manejarlos. En el año 2013 empezó a llegar el dinero desde diferentes sociedades. Así entraron 1,5 millones primero, luego tres, 1.750.000 euros y, por último, 1.705.000, totalizando los 7.955.000 euros que el testaferro explicó que manejaba.

Según la versión de Belhot, esos fondos se comenzaron a administrar "haciendo inversiones en distintos activos financieros" de las que Zaplana era "informado puntualmente", unas tres o cuatro veces por año. Esa rendición de cuentas anual "se hacía de forma verbal porque Zaplana nunca quiso tener constancia por escrito".

'Caso Erial'

El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros en España, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están implicados en diferente medida en delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.

En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.