VALENCIA. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha firmado este martes el 'no' definitivo al macrocentro comercial y de ocio Puerto Mediterráno, un complejo previsto en Paterna sobre una superficie de un millón de metros cuadrados para el que sus promotores preveían una inversión de 860 millones de euros y la creación de 5.000 puestos de trabajo. La administración sostiene que ante esta disposición administrativa "solo cabe la vía judicial".
"Al órgano administrativo encargado de la aprobación de un documento de planeamiento no le queda otra solución jurídicamente aceptable que asumir las determinaciones de la Memoria Ambiental y denegar, en coherencia con sus planteamientos, la orden territorial propuesta", ha argumentado la conselleria que dirige la socialista María José Salvador.
"La Memoria Ambiental es determinante y el órgano administrativo con competencias no puede apartarse del contenido de este informe preceptivo. Además, también hay que tener en cuenta los informes sectoriales emitidos y que son de carácter vinculante como el Informe desfavorable del Ministerio de Fomento y el de la Subdirección General de Movilidad", ha subrayado el departamento.
Obras Públicas también ha destacado "que en todo el proceso se ha seguido el máximo rigor técnico y jurídico porque cada paso que se dé para atraer inversiones se debe hacer siempre con la máxima seguridad jurídica y técnica".
"Lamentablemente, tenemos demasiados malos ejemplos de la gestión del anterior gobierno en la que se tramitaron expedientes sin el más mínimo rigor técnico y territorial, lo que provocó innumerables anulaciones posteriores por parte del Tribunal Supremo e incluso instancias europeas al contravenir, los proyectos aprobados, informes técnicos y normativa vinculante", ha agregado al respecto el departamento.
En este sentido, la conselleria ha subrayado que "el Supremo ha anulado proyectos tan emblemáticos como Maria D'Or Golf -que incluye el parque de Ocio Mundo Ilusión, el PAI más grande de Europa con 18 millones de metros cuadrados-, ha suspendido la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y el PRIM del Cabanyal, ha anulado el PAI de Porxinos, ha anulado Catarroja Nou Mil·leni, ha anulado Rabasa, así como la Ciudad de la Luz". "Todo ello con importantísimas pérdidas de dinero público y privado y causando un grave perjuicio reputacional y económico a la Comunitat Valenciana", ha concluido.