Foto: VPVALÈNCIA. La fundación de empleo València Activa, dependiente del Ayuntamiento de València, contrató de manera irregular a sus dos subdirectores con la actual vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, como presidenta de la fundación. Así lo asegura la Agencia Valenciana Antifraude en su último informe de investigación definitivo tras escuchar las alegaciones del consistorio y del secretario del ayuntamiento, que negaban un incumplimiento de la normativa.
Sin embargo, a la postre, el organismo de control que dirige Joan Llinares se reitera en las conclusiones de su informe provisional, publicadas por Valencia Plaza, y confirma que el ente municipal nombró a la subdirectora Mar Marín y al subdirector de Emprendimiento Javier Mateo -ahora concejal socialista- sin sostén jurídico y "sin respetar la aplicación de los principios" de mérito, igualdad, capacidad, publicidad y concurrencia de la normativa del empleado público.
Antifraude sostiene una interpretación contraria a la del secretario municipal, a la que se acoge el gobierno municipal y especialmente los representantes socialistas liderados por Gómez, puesto que el habilitado nacional del Ayuntamiento avala la legalidad de los nombramientos. Sin embargo, la Agencia asegura que los fichajes de Marín y Mateo, en 2017 y 2018 respectivamente, son "susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción". "Nosotros vamos a respetar, absolutamente, la legalidad que marca el secretario del Ayuntamiento", explican desde el PSPV.
El secretario municipal rechazaba que la contratación de directivos de la fundación deba regirse por las mismas reglas que cualquier empleado público -mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia- porque las fundaciones son entes de derecho privado, pero según Antifraude estas conclusiones "no pueden compartirse" y se apoya en las auditorías del Ayuntamiento para insistir en que la aplicación de los principios mencionados es "indiscutible".
Así pues, Antifraude presenta diferentes consultas de otras fundaciones del mismo carácter en las que se concluye que el personal laboral debe pasar por un proceso de selección bajo los principios básicos de la contratación pública. Asimismo, el organismo insiste en que se vulneraron las limitaciones presupuestarias de incremento de personal directivo, que debería haber contado con autorización previa.
Además, según el informe, emitido el pasado jueves y al que ha tenido acceso este diario, ambos puestos de subdirección se crearon "sin soporte jurídico previo" porque no estaban contemplados en los estatutos del organismo. Aspecto que el secretario municipal admite, pues los estatutos no recogieron estas dos figuras hasta su modificación en 2021.
Por otra parte, la Agencia afea que se contratara "de manera verbal" a la subdirectora de la fundación y que se formalizara un año después, así como que los contratos de ambos directivos manifestaran una "indefinición en las condiciones retributivas", incumpliendo la normativa en la materia, que exige la "especificación de sus distintas partidas".
A la postre, la Agencia Valenciana Antifraude emite varias recomendaciones para el consistorio, como la necesidad de predeterminar la estructura organizativa, numero máximo de directivos y cuantía máxima de retribuciones en los entes dependientes del Ayuntamiento. También insta a establecer medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa presupuestaria en cuanto a la creación de nuevos puestos se refiere.
A la fundación, que dirige el socialista Borja Sanjuán, insta a regular y homogeneizar los procesos de selección, para que se cumplan los principios básicos de la contratación pública con "instrucciones que garanticen su su efectiva aplicación". Además, pide que sea obligatorio adaptar los estatutos antes de crear puestos y de formalizar por escrito los contratos de trabajo antes de la contratación efectiva.
