Caturla aprobó 1,2 millones de sobrecoste en un instituto de Torrevieja

VALENCIA. Las reformas dentro de los contratos eran la perita en dulce. Los cambios permitían a la trama corrupta cobrar más. Así se desprende de una conversación entre el exconsejero de la empresa pública para la construcción de centros educativos Ciegsa, Máximo Caturla, y el gerente de Imelsa, Marcos Benavent.

Preguntado sobre este punto por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el yonki del dinero afirma: “Los reformados les permitían que las comisiones a percibir fuesen superiores, puesto que de los mismos también se cobraba comisión. Que era habitual hacer reformados y cobrar de los mismos”.

1,2 millones

Los agentes de la UCO hacen referencia a un caso concreto, un instituto de Torrevieja. Dentro del Informe policial se puede leer una frase textual de Caturla sobre la empresa constructora del instituto: “Tengo que arreglarle ahí 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).

Al respecto de esto, Marcos Benavent explica: “Se trataba en este caso de la cantidad que tenían que arreglar para compensar la baja realizada inicialmente por los licitadores. Que siempre se arreglaban cantidades para que las empresas adjudicatarias compensasen las pérdidas, la baja realizada además de las mordidas de cada caso”.

Así, la empresa que pagaba las mordidas hacía una oferta muy inferior al resto de competidores porque sabía que después iba a conseguir dinero por una segunda vía, los sobrecostes.

Valencia Plaza publicó en febrero que, según un informe de la Intervención de la Generalitat, el importe abonado de más por la Generalitat entre construir directamente un colegio o encargarlo a Ciegsa llega a ser de un 16% en el momento de la liquidación y del 36% en el momento de la ejecución del contrato.

Así, para institutos del mismo tamaño construidos en la misma época y localidad, la Conselleria de Educación pagaba el metro cuadrado a 670,45 euros, mientras que los encargados a Ciegsa le salían por 912,31 euros por metro cuadrado.

Uno de los centros analizados para llegar a esta conclusión (el IES 4 de Torrevieja) fue adjudicado por Ciegsa a Cleop, una de las constructoras investigadas en la operación Taula cuyo presidente fue detenido y permanece imputado. En este caso, las modificaciones posteriores al proyecto hicieron que la constructora acabara facturando a Ciegsa un importe un 40% superior al presupuesto base de licitación.