Deuda y financiación: el pacto Sánchez-Junts podría beneficiar a la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA. El vuelco de un escaño a favor del PP en detrimento del PSOE emanado del voto CERA ha complicado todavía más la continuidad del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, dado que necesitará uno o varios votos afirmativos, aparte de los que ya se presuponen de otras fuerzas, de Junts per Catalunya. Ahora bien, pese a que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue el más votado, la aritmética de posibles pactos sigue apuntando como favorito a Sánchez, que ya se ha puesto manos a la obra para lograr los apoyos necesarios para su investidura. Una de las opciones para tratar de contentar a las fuerzas catalanas es, sacando el proceso de independencia de la ecuación, centrarse en las medidas económicas y fiscales.

En esta línea, el periodista Carlos Segovia ya apuntaba en El Mundo este lunes la posibilidad de una condonación de deuda por parte del Estado. Una opción que el PSC liderado por Salvador Illa plasmaba en una enmienda presentada la pasada semana en el Parlament de Catalunya en la que hablaba de reclamar "al Gobierno de España" una quita parcial de la deuda procedente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) "tanto para la Generalitat de Catalunya como para el resto de Comunidades Autónomas de régimen común". Una quita fundamentada en un "coeficiente de condonación" basado en las necesidades de gastos de lo servicios fundamentales de la Generalitat de Catalunya, pero también en "los efectos económicos y financieros que la no actualización de los mecanismos de cálculo de la financiación autonómica desde 2014 hayan tenido en el crecimiento de la deuda de Generalitat". Dos reivindicaciones que coinciden, casi letra a letra, con las exigencias que viene reclamando sin éxito el Gobierno valenciano en los últimos años.

De esta manera, la maniobra del PSC parece indicar el camino económico por el que se quiere mover Pedro Sánchez de cara a convencer a Esquerra y especialmente a Junts de que respalden su continuidad en La Moncloa, evitando con ello la espinosa cuestión de la consulta o referéndum sobra la autodeterminación. 

Una situación de la que podría beneficiarse la Comunitat Valenciana: es más, en la enmienda se especifica que el citado "coeficiente de condonación" funcionaría también para otras autonomías, lo que permitiría al nuevo ejecutivo de Carlos Mazón optar a una importante quita de la deuda, que no ha parado de crecer en los últimos años hasta situarse por encima de los 55.000 millones de euros.

Precisamente, el presidente de la Generalitat se quejaba este lunes en su visita a Alicante de la "inasumible" deuda tras la etapa del Botànic. "Es una herencia económica penosa. Pero de la queja no se vive, sino de la reacción", afirmó, tras señalar que en 2022 se había elevado en casi 3.900 millones de euros.

Resulta paradójico aunque posible, que Mazón -y la Comunitat Valenciana- pueda verse beneficiado de un pacto entre Pedro Sánchez y las formaciones independentistas catalanas. Tras años de infructuosas reclamaciones por parte de la Generalitat -desde la etapa de Alberto Fabra- y de toda la sociedad valenciana para la reforma del sistema de financiación -caducado el 31 de diciembre de 2013-, cuyo reparto perjudica a esta autonomía, reclamación que incluye una quita de la deuda derivada de la infrafinanciación, el nuevo Consell podría encontrarse con la solución del conflicto merced a la necesidad de Sánchez de conseguir involucrar a Junts en su operación para continuar en La Moncloa.

¿De cuánto debería ser la quita valenciana?

Otro asunto será, si esta posibilidad llegara a materializarse, cómo se contabilizaría la deuda fruto de la infrafinanciación. En octubre de 2015 todos los grupos de Les Corts firmaron un documento exigiendo los "12.433 millones" de euros de deuda generada por la infrafinanciación entre 2002 y 2013. Un mes después, Puig elevaba la cifra a 16.000 millones y menos de dos años después, en julio de 2017, el conseller Soler la elevaba a "unos 20.000 millones". Teniendo en cuenta que la infrafinanciación se ha cifrado en unos 1.300 millones al año, el redondeo de Soler ya parecía excesivo, aunque se quedó lejos de los 30.000 millones que reivindicó en diciembre de 2021 Mónica Oltra, como portavoz del Consell. Apenas tres meses después, la cifra había crecido como la espuma hasta los 42.000 millones de euros, el 78% del total que debíamos en ese momento. Primero, fue el director del Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie), Francisco Pérez, quien afirmó que el 73,6% –unos 38.000 millones– de la deuda pública de la Comunitat Valenciana está relacionada con la infrafinanciación. Dos semanas después, la Sindicatura de Comptes subía la apuesta en un informe realizado a petición de Les Corts. Según el organismo que dirige Vicent Cucarella, la cifra exacta son 41.926 millones, el 77,9% de todo lo que debemos.

Por otro lado, una posible quita de la deuda deberá estar enmarcada dentro de una reforma del sistema de financiación caducado desde hace casi una década que ni los gobiernos del PP ni del PSOE se han animado a abordar en estos años de gobierno. Rajoy se comprometió en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 a iniciar los trabajos y se avanzó con algunos informes técnicos, pero en mayo de 2018 llegó la moción de censura que aupó al poder a Sánchez, quien en el debate ya anunció que esa reforma no iba a ser una prioridad para el nuevo Gobierno. Y no lo fue.

Tras las elecciones de 2019 y pasada la pandemia, los socialistas sí dieron un primer paso presentando la ministra María Jesús Montero el "esqueleto" de la reforma, al que desde la Comunitat Valenciana se respondió de forma entusiasta con una propuesta basada en la importancia del peso poblacional. Las alegaciones se quedaron sin respuesta, dado que el Gobierno de Sánchez decidió lanzar la pelota a la siguiente legislatura. 

Ahora bien, lo que parece evidente es que una operación de saneamiento de las CCAA de este calibre junto a una reforma del sistema de financiación se interpretaría como poner el contador a cero. Un nuevo reparto de cartas en el que el Gobierno central trataría probablemente de obtener garantías de un control más férreo del gasto de las Comunidades Autónomas para evitar que se volviera a llegar a los niveles de deuda actuales.