El Gobierno aplaza otra semana el nombramiento de su representante en el Consorcio València 2007

VALÈNCIA. Una semana más. El Gobierno central ha aplazado de nuevo el nombramiento de la persona encargada de representar al Estado en el consejo rector del Consorcio València 2007. Este retraso impide cubrir la vacante que se generó con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez a finales de mayo, una situación que mantiene paralizado al ente gestor de La Marina de València justo en un momento en el que tiene pendiente tomar importantes decisiones sobre su situación financiera

La Generalitat y el Ayuntamiento de València, las otras dos administraciones representadas en el ente, esperaban que el nombramiento se produjera en el consejo de ministros de este viernes, pero no fue así. La nueva fecha de referencia es el próximo 7 de septiembre. Para entonces se espera que el Ejecutivo formalice el nombramiento de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, como vicepresidenta del consejo rector del Consorcio en representación del Estado.

Una vez se lleve a cabo el nombramiento, el ente gestor de la Marina podrá retomar su actividad tras tres meses de parálisis.

Una de las decisiones más urgentes que quedan pendientes es la definición y aprobación de la estrategia negociadora con el fondo oportunista Taconic, a quien el Banco Santander cedió recientemente más de 67 millones de deuda de la Marina y que amenaza con abrir un litigio contra el ente en los tribunales británicos.

Tal y como publicó Valencia Plaza, el Consorcio València 2007 encargó recientemente a la Abogacía del Estado un informe sobre la situación generada tras la cesión de parte de la deuda de la Marina a Taconic. Esta deuda, a diferencia del crédito que dio el ICO, no está avalada por el Estado, por lo que de la misma responden directamente las tres administraciones representadas en el Consorcio.

La potestad de aprobar la estrategia a seguir y de desarrollar esa eventual negociación es el Consorcio, que es el titular de la deuda. No obstante, el Gobierno central confía en que Taconic acepte el 10% de los 67 millones de la deuda cedida más un 15% de recargo. El cálculo surge del descuento que supuestamente habría obtenido el fondo para quedarse la deuda, más la rentabilidad media de este tipo de operaciones. Con ello, el Ejecutivo confía en poder cerrar un acuerdo por 8 millones de euros.

La decisión sobre cómo afrontar esta nueva situación está pendiente incluso desde antes de que cesara en el cargo el anterior secretario de Estado, José Enrique Fernández de Moya, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

A las urgencias de la Marina se ha sumado recientemente el expediente abierto por la Comisión Europea para investigar si el crédito que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió al Consorcio para financiar las infraestructuras de la America's Cup de vela puede ser una ayuda de Estado ilegal.

Además, como parte de esta investigación, Bruselas ha pedido explicaciones a las autoridades españolas sobre la posible asunción por parte del Estado de 350 millones de euros de la deuda generada con el crédito del ICO, tal y como anunció recientemente Ximo Puig.

En su último requerimiento de información, del pasado 31 de julio, Bruselas ya pedía información sobre el préstamo del ICO al Consorcio. Entre otras cuestiones, se piden aclaraciones sobre si las autoridades españolas "han modificado cualquiera de las condiciones de este préstamo hasta ahora o han pagado alguna cantidad en su calidad de garantes".

Tras tener conocimiento por los medios de comunicación del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Consell para la condonación de la deuda, la Comisión ha pedido que se justifique su adecuación a las normas comunitarias de ayudas estatales.

Dado que el plazo de 30 días hábiles concedido para responder ha coincidido con el mes de agosto, el Consorcio ha solicitado una extensión del plazo para reunir toda la documentación que se le exige.