Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El gobierno municipal de València constituido tras las elecciones de 2015, conformado por Compromís, PSPV y València en Comú -marca blanca de Podemos-, interpretó de forma torticera la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para aprobar los sobresueldos de ocho de sus concejales durante el pasado mandato. Según la Agencia Valenciana Antifraude se hizo "sorteando" las limitaciones impuestas por la que se vino a llamar Ley Montoro.
Esta normativa se aprobó precisamente para limitar el gasto en las entidades locales, y en ella se especifica que una parte de los ediles del Ayuntamiento debe tener obligatoriamente dedicación parcial y, por ende, un salario sensiblemente menor al resto de concejales. En el caso de València, esto debe afectar a ocho concejales de los 33 que conforman el Consistorio.
Así pues, al entrar a gobernar la izquierda que dirigía por primera vez Joan Ribó, en 2015, el ejecutivo local pactó con la oposición que las dedicaciones parciales recaerían sobre ocho ediles del gobierno, miembros de la Junta de Gobierno Local, a los que se les adjudicaría una dedicación parcial del 75%. Pero al mismo tiempo, como desveló Valencia Plaza, se les aprobó "un complemento de especial responsabilidad" no recogido en la normativa hasta cobrar la totalidad del salario -el 100%-. Y se hizo "teniendo en consideración las responsabilidades en la acción de gobierno que deriva del desempeño de las tenencias de alcaldía". De esta forma, los 33 concejales podrían mantener su sueldo del 100%, aunque al final fueron 31 porque dos de ellos pidieron dedicación parcial para poder compatibilizar su actividad política con la profesional.
Ahora, la Agencia Valenciana Antifraude, en su informe provisional de investigación de finales del pasado mes, afirma que estos sobresueldos alegales para ocho ediles del gobierno se aprobaron "con la finalidad de equiparar sus retribuciones a los concejales con dedicación exclusiva". Y todo ello "sorteando" las limitaciones impuestas por la Ley Montoro. En total, durante los cuatro años del mandato se abonaron 772.000 euros en este concepto.
En este sentido, el Ayuntamiento remitió un escrito a la Agencia defendiendo la legalidad de lo aprobado, que contó con el visto bueno de la Intervención General y con el voto a favor de la oposición. Según los argumentos del gobierno municipal, la retribución parcial asignada a cargos con responsabilidad "puede ser superior a la exclusiva sin que por ello se desvirtúe la dedicación parcial" y "no existe norma legal que regule la cuantía de esta responsabilidad".
No obstante, el organismo que dirige Joan Llinares asegura que no se ha hallado ninguna justificación válida para aprobar estos sobresueldos porque a su juicio, las responsabilidades eran las mismas que las que tenían ediles de gobierno de otros mandatos: "Ni se motivaron ni se detallaron ni se han acreditado las competencias y responsabilidades especiales" y es "evidente que los tenientes de la alcaldía en el Ayuntamiento siempre han ostentado especiales responsabilidades".
Al hilo, el informe señala que a los tenientes de alcalde "ya se les retribuía por la responsabilidad" porque esta "va implícita en el cargo" y por eso sus retribuciones se fijan en relación al sueldo del alcalde, "más elevado que los otros miembros que no ostentan dicho cargo".
Con todo, el gobierno municipal considera que la normativa es "parca y se presta a diversas interpretaciones", y que "mayores responsabilidades deben percibir mayores retribuciones", que se hizo de una manera "transparente, razonable y legal" y que "no ha supuesto ningún perjuicio económico" porque las responsabilidades de los concejales fueron ejercidas -las mismas que en otros mandatos, como señala Antifraude-. También dice el ejecutivo local que se hizo para "favorecer" a los miembros de la oposición.
Pero Antifraude es tajante y responde que cualquiera de estas consideraciones políticas pueden ser "ilustrativas" pero "carecen de relevancia" excepto cuando se hayan incurrido en "irregularidades que no sean fieles a la ética pública o se adopten decisiones de imposible justificación normativa". Así pues, es contundente al señalar que "por muy políticas que sean las decisiones, estas no pueden ser arbitrarias [...] ni pueden establecer mecanismos que permitan vulnerar de manera artificiosa los límites legales aplicables".
En este caso, incide Antifraude, el acuerdo de 2015 "no es ilegal" porque recogía el límite máximo de retribuciones y fijaba el número de miembros con dedicación exclusiva en 23, pero con la aprobación de los sobresueldos "de facto" retribuyó como tal a 31 ediles, lo cual supone "el incumplimiento" de la limitación al hacerse una "interpretación que violenta la voluntad expresada en la norma de cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de recursos públicos".
Los ocho concejales que, por ser tenientes de alcalde, se les aprobó este complemento fueron Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano, Glòria Tello –todos ellos de Compromís–, Sandra Gómez, Vicent Sarrià –ambos del PSPV– y María Oliver, de Podemos. Los dos ediles de la oposición que optaron por la dedicación parcial para poder trabajar en otras ocupaciones fuera del Consistorio sí percibieron la parte proporcional del salario establecido para la dedicación exclusiva. Eran Eusebio Monzó, del PP, con un 33%, y Santiago Benlliure, de Ciudadanos, con un 75%.
El PP pide informes técnicos
El grupo municipal del PP, tras tener constancia del informe de Antifraude, señaló sus conclusiones como "preocupantes" y pidió que “debe llegarse hasta el final” de la investigación.
Ahora el Ayuntamiento, explican los populares, tendrá diez días para presentar sus alegaciones. "Y esperamos que presenten algún informe de los técnicos que valide estos cobros presuntamente realizados para burlar una ley estatal de sostenibilidad en las administraciones locales”, sentenciaron.
En otra de las conclusiones recogidas por la Agencia Valenciana Antifraude se pone el foco en los sueldos de los concejales aprobados para el mandato que se inició en 2019, cuando el gobierno municipal decidió cambiar el mecanismo y descargar las dedicaciones parciales en ediles de la oposición y eliminando cualquier complemento como el que se había estado cobrando durante cuatro años.
Los ocho ediles que tienen dedicación parcial en esta legislatura son cuatro del Partido Popular: Juan Giner, Santiago Ballester, Julia Climent y Carlos Mundina; tres de Ciudadanos: el portavoz, Fernando Giner, Rafa Pardo y Javier Copovi, y el portavoz de Vox, Pepe Gosálbez.
"No se ha explicado las causas que llevaron a la modificación del régimen de retribuciones para los cargos electos para la legislatura 2019-2023", asegura la Agencia, que tras analizar el cambio, concluye que, como ya publicó en su momento este diario, las dedicaciones parciales actuales incumplen el principio de proporcionalidad porque en lugar de cobrar el 75% del total como marca la normativa, perciben el 93,14% del salario de los concejales con dedicación exclusiva.
