Íñigo Parra, consejero independiente de la SGR, y Ximo Puig. Foto: EVA MÁÑEZEl descuento exigido por el fondo con el que negocia desde hace meses obliga a pensar en trocear la cartera para poder venderla. La SGR aspiraba a captar hasta 180 millones con la colocación en bloque de los créditos y activos adjudicados que forman el Proyecto Citrus
VALENCIA. La gran operación inmobiliaria para salvar a la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) entra en vía muerta. Pese al objetivo de tenerla cerrada en el primer trimestre, la negociación para la venta en bloque de un paquete de activos adjudicados, una operación de la que depende su viabilidad, aún no ha cuajado. El fondo con el que negocia en exclusiva desde hace meses ya debería haber formalizado su oferta, por lo que la sociedad avalista ya ha comenzado a sondear alternativas.
La Generalitat, que recientemente colocado al director del IVF en la presidencia de esta sociedad, asiste con preocupación al resultado de la venta. Del mismo modo que las entidades financieras con operaciones avaladas por la SGR o sus cerca de 8.200 socios, principalmente empresarios. Sacar adelante el Proyecto Citrus, con el que la SGR confía en captar hasta 180 millones de euros, es el primer paso de la hoja de ruta para salvar a esta sociedad. La Generalitat, que considera a esta especie de banco uno de los mayores pufos heredados del anterior Consell, se juega hasta 400 millones en ello.
De momento, tendrá que hacerse cargo de 120 millones de euros por el porcentaje de las pérdidas que se comprometió a cubrir con un contrato de reafianzamiento (avales de avales) del año 2000, pero el agujero puede alcanzar los 140 millones porque los fallidos se siguen produciendo. Además, ha tenido que incrementar en 200 millones de euros el déficit de la Comunitat de 2015 al obligarle la IGAE a provisionar el aval público que se constituyó a favor de la SGR para rescatarla en 2013.
La sociedad, de la mano del especialista financiero N+1, lleva meses negociando en exclusiva la colocación en bloque de esa cartera a un fondo de perfil oportunista previa creación de una suerte de banco malo. Se trata de un conjunto de créditos con y sin garantía hipotecaría y decenas de inmuebles adjudicados, sobre todo naves industriales y solares, repartidos por la Comunitat y la Región de Murcia.
Según explicó el presidente de la sociedad avalista, Manuel Illueca, pocos días después de acceder al cargo, la previsión era poder llegar a un acuerdo sobre el precio antes del 31 de marzo, pero el pulso entre la SGR por maximizar el valor de la cartera y la presión del inversor para conseguir más descuento ante la dudosa calidad de los activos ha obligado a la SGR a ir alargando sucesivamente el plazo sin que el fondo concrete su oferta.
Tras abrirse el periodo de negociación en exclusiva, el inversor desplazó a su personal a la Comunitat para escrutar la cartera. Ese despliegue de recursos que el eventual comprador ha realizado estos meses invita a pensar que acabará formalizando una propuesta, aunque el temor es que exija un descuento inasumible para la sociedad avalista.
La SGR, donde la Generalitat controla cerca de un 40% del capital, no puede permitirse cerrar una mala operación. El Banco de España vigila muy de cerca a esta entidad desde que comenzaron sus problemas hace más de tres años. La propia sociedad y varios de sus consejeros ya fueron multados por incumplir los requisitos mínimos de solvencia y la IGAE estaba dispuesta a obligar a la Generalitat a incluirla dentro de sector público.
Mientras la opción de colocar los activos problemáticos en bloque se desvanece, la SGR ya contempla la opción de tener que trocear la cartera y venderla por tipologías adaptadas a distintos perfiles de inversor.
La cartera de avales ejecutados con y sin garantía supera los 800 millones de euros y los activos adjudicados se valoraron inicialmente en 82 millones. Frente a ello, la sociedad se había marcado como objetivo captar 180 millones para reducir su deuda con las entidades financieras, cuestión clave para retomar una actividad prácticamente congelada desde hace tres años.
la fuerte competencia para deshacerse de este tipo de activos obliga a aplicar descuentos más agresivos
Fuentes del mercado explican que la fuerte competencia que existe para deshacerse de este tipo de activos dificulta su venta y obliga a aplicar descuentos más agresivos. El ejemplo más claro son los recursos millonarios que se traga año tras año la Sareb, el banco malo creado para concentrar los activos tóxicos de la banca rescatada en la que el Estado es accionista.
También es sintomático el aplazamiento hace apenas unos meses de la venta de una cartera de 4.800 millones de euros en activos inmobiliarios -bautizado como proyecto Big Bang- por parte de Bankia.
Última junta de socios de la SGR.Con la revisión de los plazos del Proyecto Citrus, lanzado justo hace un año, el IVF no conseguirá su objetivo de cerrar la venta antes de que la Generalitat tenga que enfrentarse al pago del segundo plazo del mencionado contrato de reaval.
El pasado mes de agosto, cuando apenas acababan de tomar posesión, los nuevos responsables de la Conselleria de Hacienda se encontraron con la obligación de desembolsar cerca de 20 millones de euros por los compromisos derivados de ese contrato. Previamente se consultó a la Intervención de la Generalitat si procedía hacerse cargo.
Un mes después, el director del IVF, Manuel Illueca, anunció que la Intervención iba a verificar los avales cubiertos por el contrato de reaseguramiento para comprobar si se concedieron con criterios de "razonabilidad económica". Este "análisis forense" del IVF incluye la revisión de las condiciones de 24.000 avales otorgados por la SGR, detalló Illueca en su comparecencia en Les Corts, cuando aún no era presidente de la SGR.
Un eventual fracaso del Proyecto Citrus según fue concebido inicialmente pondría de nuevo sobre la mesa el debate de la liquidación ordenada de la SGR. La gestión de esta sociedad ya ha sido motivo de controversia en el seno del Consell entre el PSPV y Compromís, ya que existen discrepancias sobre hasta qué punto ha de mantener la Generalitat el compromiso con esta entidad cuyos problemas se atribuyen a decisiones del anterior gobierno del PP.
Sirven de muestra los meses que han transcurrido hasta que la Generalitat, a través del IVF, ha formalizado su entrada en el consejo o la presión que ejercen los grupos parlamentarios que sostienen al Consell para que se investiguen la gestión que ha provocado la situación actual.
En el trasfondo están los 400 millones de euros que le costaría a la Generalitat la liquidación de la sociedad avalista, el impacto sobre las entidades financieras -con Sabadell y Bankia como las más expuestas- y la presión sobre el Consell de los cerca de 8.200 empresarios que son socios participes de la SGR que perderían su inversión.
Pese a todo, el Consell mantiene en su discurso público el respaldo a la sociedad. Según Manuel Illueca, con su llegada a la presidencia de la SGR “la Generalitat Valenciana cumple con sus compromisos adquiridos y apoya a la SGR para que continúe en la senda de recuperación de la actividad".
El nombramiento del responsable del IVF como presidente coincidió con la aprobación de una reforma estatutaria para limitar al 45% la participación máxima de la Generalitat en el capital y reducir el número de integrantes del consejo de administración hasta un máximo de seis miembros. Además de Illueca, de él forman parte actualmente el consejero delegado Santiago de Santos y el empresario Íñigo Parra, consejero independiente.
