Montiel y los suyos se defienden tras el revolcón de Garantías

VALENCIA. La pasada semana, la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos daba un duro varapalo al Consejo de Coordinación del partido: confirmaba que se habían producido ciertas "irregularidades" en el proceso de contratación de personal que se llevó a cabo en noviembre y que iban destinadas a cubrir el déficit de empleados que tiene la estructura interna de los morados. El procedimiento fue denunciado por un determinado sector del partido y una treintena de críticos se manifestaron ante La Morada para pedir la dimisión del secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Montiel.

Si bien el dictamen de Garantías se ha hecho esperar aproximadamente un mes, no lo hará tanto la respuesta que ya prepara el Consejo de Coordinación. Mientras el primer órgano destaca -entre la decena de hechos relevantes que no deberían haberse producido en la selección- que el Consejo de Coordinación se negara a facilitar documentos que les solicitaron, éstos segundos indican que al recibir la denuncia trasladaron "toda la información" que estaba en sus manos. "Salvo los currículos vitae porque contienen datos personales y quisimos consultar si podíamos darle traslado de estos documentos, el resto les fue facilitado", señala un miembro de la dirección.

Al contener datos personales, fuentes de Coordinación señalan a Valencia Plaza que hicieron una consulta legal y solicitaron a Garantías que aguardara a recibir toda la documentación. "No podíamos favorecer los datos personales si no teníamos una autorización", manifiestan. Durante ese lapso de tiempo, el Consejo de Coordinación solicitó a Garantías "como sucede con cualquier demanda en la que el demandado puede conocer sobre qué se le acusa", que les facilitaran la demanda para "dar respuesta precisa a lo que nos solicitaban", añaden.

Sin embargo, denuncian que la Comisión de Garantías resolvió sin esperar a recibir respuesta y sin saber si ofrecer dicha documentación supondría vulnerar los derechos recogidos en la ley de Protección de Datos. "Emitieron un dictamen sin esperar a que se resolviera esta consulta legal, sin facilitarnos la información que le solicitamos y haciendo causa general de todos los procesos de contratación cuando sólo dos personas de las cerca de 800 que se presentaron a la prueba presentaron una reclamación", protestan.

La resolución de la comisión también subraya que para ocupar los puestos de la Secretaría de Organización inicialmente se exigió el "dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales" y que, posteriormente, el criterio pasó a ser más laxo: "Dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales o compromiso de alcanzarlo progresivamente en el plazo que cada puesto de trabajo precise".

A este respecto, el Consejo de Coordinación señala que si bien en un primer momento se consideró indispensable el requisito del conocimiento esta lengua, posteriormente pasó a ser una consideración "no excluyente para pasar las fases o para que los aspirantes fuesen valorados" debido a la "particularidad de esta Comunitat en la que hay personas que no conocen el valenciano". De esta manera, que los candidatos tuvieran conocimiento de esta lengua, puntuaba positivamente, pero no implicaba que los aspirantes no pudieran presentarse. 

En el escrito de protesta que Coordinación presentará a la Comisión de Garantías también justifican por qué hicieron una prueba escrita. Si bien el segundo órgano señala como "irregularidad" que podría "vulnerar el principio de igualdad de todos los participantes" que los candidatos acudieran "con la intención de realizar una entrevista" pero se encontraran "sin saberlo con una prueba escrita que requiere de una distinta preparación", el órgano de dirección apunta que realmente se hicieron dos tipos de pruebas: una oral y otra escrita.

La primera "puntuaba más que la escrita" y en la segunda se realizaron dos preguntas -para todos las mismas-. Aunque en un principio se valoró realizarlas de forma oral, finalmente se optó por hacerlas por escrito "para que todos los examinados estuvieran en las mismas condiciones para poder dar respuesta". "Si hacíamos las mismas preguntas a cerca de 800 personas, los últimos iban a poder prepararse mejor las respuestas. La otra alternativa era hacer 1600 preguntas diferentes sobre cuestiones referidas a documentos que una persona que se presenta a una prueba para formar parte de la secretaria de Organización debe conocer", clarifican. 

Con este escenario, Podemos se enfrentará en unos meses a la asamblea ciudadana autonómica, unas fechas en las que la formación deberá  determinar la hoja de ruta a seguir y si finalmente se planteará la opción de llevar una dirección coral. El cónclave se celebrará tras el proceso estatal, el Vistalegre II, del próximo 10, 11 y 12 de febrero.